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Un escrito fue enviado por la Fiscalía Provincial de Madrid al titular del juzgado de instrucción número 42, Juan José Escalonilla, pidiendo que la causa por malversación abierta sobre el partido Podemos, se refiera exclusivamente al contrato que la formación suscribió con la consultora Neurona para las elecciones del 28 de abril, ya que al igual que los fiscales del Tribunal de Cuentas, presume indicios racionales de delito.

La Fiscalía en su primer escrito sobre este procedimiento explica que no ve indicios en el resto de los hechos denunciados como los sobresueldos que pudieran tomarse en cuenta desde el punto de vista ético o de transparencia, pero “no revisten caracteres de delito» y en algunos casos, responden a «rumores, sospechas o suspicacias”.

Sin embargo, cuando se trata de Neurona, la consultora a la que Unidas Podemos pagó 363.000 euros para las elecciones generales del año pasado,que después intentó cargar la financiación pública como un gasto electoral, es otro punto de vista. En este caso la Fiscalía si considera la existencias de evidencias sobre “la perpetración de un hecho delictivo” y además rechaza que esta investigación, como alegaba Podemos, tenga carácter “prospectivo”.

“Existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación de este gasto resultando además que es una empresa creada ‘ad hoc’ para la prestación del servicio”, reza parte del escrito entregado este martes.

Del mismo modo explica que de la información bancaria remitida resulta que la empresa contratista Neurona efectuó abonos en fechas próximas a las elecciones de 2019 a una mercantil de tecnología digital con sede en Dallas (Creative Advice Interactive) por un importe total de 308.257,20 euros “cuando las transferencias de la coalición son manifiestamente superiores”.

Igualmente reseña que todos los gastos que figuran en sus cuentas corrientes son los normales de prestación de servicios (Burguer King, Uber, Museo del Jamón..) así como comisiones al letrado que figura como administrador de la entidad, pero no constan “gastos de personal, medios materiales o locales” propios de una actividad empresarial .

Cabe destacar que esa sociedad fue constituida en marzo de 2019 con sede social en el despacho de un abogado de Sevilla, Elías Castejón, que ha sido llamado como investigado al procedimiento, según publica ABC.

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