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Una empresa portuguesa que estableció una demanda por unos $ 40 millones por un bono venezolano en incumplimiento de pago está instando a un juez federal de Nueva York a que no le dé a la junta ad hoc de PDVSA controlada por Guaidó, más tiempo, rechazando las afirmaciones de que no ha podido acceder a importantes documentos de la negociación.

Petróleos de Venezuela SA había instado a la corte el mes pasado a suspender el fallo sobre la oferta de Cimontubo – Tubagens E Soldadura LDA para un juicio sumario en el caso, argumentando que no ha podido acceder a las instalaciones de PDVSA debido a la lucha de poder entre el presidente venezolano Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó.

La compañía petrolera, ahora controlada por Guaidó, dijo al tribunal que no ha podido determinar si la transacción subyacente con Cimontubo estuvo contaminada por fraude y dice que obligarlo a defenderse sin tener acceso a esos documentos sería una negación del debido proceso fundamental.

Pero la empresa portuguesa respondió el jueves que PDVSA no ha ofrecido ni una «pizca de razón» para creer que puede haber algo indebido en la base del acuerdo cuando se firmó en 2016. Además, la empresa que representa a PDVSA en esta disputa, Hogan Lovells, también representó a la compañía petrolera mientras se cerraba el trato.

Eso significa que si hubiera alguna irregularidad en la transacción, PDVSA podría simplemente pedir a sus abogados que examinen sus propios archivos, argumentó Cimontubo.

Cimontubo, que califica su demanda como «una reclamación sencilla y sin complicaciones sobre una nota y una garantía», dijo que PDVSA solo ha especulado que el acuerdo podría haber sido incorrecto y que su moción para aplazar la consideración del caso es solo una oferta para comprar tiempo.

Cimontubo presentó el litigio en un tribunal estatal en junio y fue retirado en julio. Cimontubo dice que PDVSA le debe unos $ 38,3 millones por el bono más $ 1,8 millones adicionales en intereses. PDVSA había emitido el bono a fines de 2016, incumpliendo finalmente casi tres años después, en noviembre de 2019.

«Por lo que sabemos, también estaban al tanto de la justificación y el momento en que PDVSA dejó de hacer pagos», según el escrito. «Simplemente no sirve para estos fiduciarios de su cliente pretender que son extraños a la transacción. Si hay evidencia en apoyo de los acusados, Hogan Lovells sin duda la tiene».

La empresa portuguesa instó a la corte a otorgarle un juicio sumario en el caso, diciendo que no hay razón por la que no se deba hacer cumplir la fianza y se le ordene a PDVSA que pague.

Con información de Law360.

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