Spread the love

La Comisión de Energía, Petróleo y Minas de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó aprobó en primera discusión una nueva Ley de Minas, aunque la misma no ha pasado por debate en plenaria del Parlamento.

Por Factores de Poder

Esta nueva ley no propone soluciones sustanciales sobre los problemas financieros y los crímenes que rodean la explotación del Arco Minero del Orinoco, sino que simplemente busca crear un nuevo régimen legal que favorezca los intereses de los partidos predominantes de la oposición y a los consorcios extranjeros que dichos partidos defienden, con el fin de que sigan manteniendo las mismas prácticas nocivas en esta región.

El Presidente de la Comisión de Energía y Petróleo es el diputado Elías Matta del partido Un Nuevo Tiempo. Se puede apreciar como se repiten los mismos nombres y las mismas comisiones en todos los casos de corrupción en los que se ha visto envuelta la Asamblea Nacional.

La Asamblea Nacional no ha hecho un informe detallado sobre el Arco Minero

Desde que se instauró en 2017 el proyecto del Arco Minero del Orinoco que ha permitido que empresas extranjeras exploten recursos minerales venezolanos, ha habido una campaña justificada contra la explotación del oro en el sur de Venezuela. Su derivado ha sido llamado por organismos nacionales e internacionales como «oro de sangre» por todos los crímenes e ilegalidades involucrados en el proceso

Vale preguntarse por qué la Comisión de Energía y Petróleo no ha presentado un informe detallado basado una investigación amplia sobre la realidad de la explotación de recursos mineros en esta región venezolano. Esta es una de las facultades esenciales de la Asamblea Nacional, el control. Y quienes forman parte de esta Comisión deberían ser expertos.

La realidad es que la ley la están desarrollando diputados que en su vida han pisado una mina y tampoco se han formado a profundidad en esta materia. La estrategia ha sido satanizar el Arco Minero (que es más que satanizable, aunque nunca han elaborado un informe oficial al respecto) y hacer una ley que no busca sustituir todas las irregularidades que lo rodean, sino sustituir a quienes están a cargo.

Una ley para Crystallex y no para Venezuela

Detrás de esta ley hay una comisión de abogados en Colombia. Los que desarrollan el proyecto plantean devolver a las empresas que estaban antes sus derechos de explotación, aunque esos derechos ya expiraron.

Surge nuevamente la empresa Crystallex, que tiene un litigio en Estados Unidos para cobrar dinero que le debe el Estado venezolano y que posiblemente será pagado con la entrega de los bienes de la empresa venezolana Citgo.

Se ha denunciado que Crystallex logrará ganar esta disputa con la República venezolana gracias a la asesoría del abogado José Ignacio Hernández, quien contradictoriamente luego fue nombrado como Procurador de la República por Juan Guaidó. Es decir, es el encargado de «defender» al Estado venezolano de la empresa que él antes asesoraba.

Siga leyendo en Factores de Poder

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *