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Luego de que el Tribunal de Apelación de la República de Cabo Verde aprobara la extradición a los Estados Unidos del empresario barranquillero, Álex Saab, crece la expectativa acerca de cuáles serán los próximos acontecimientos.

Por Maibort Petit | El Tiempo Latino

He aquí los aspectos claves de lo que ha sido el proceso hasta la fecha.

1) La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos

El 25 de julio de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Álex Nain Saab Morán por orquestar una vasta red de corrupción que ha permitido que el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su régimen se beneficien significativamente de importación y distribución de alimentos en Venezuela. La administración estadunidense señaló a Saab de beneficiarse de contratos sobrevalorados, entre los que se incluye el programa de subsidio de alimentos denominado Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Saab actuó con su socio, Álvaro Enrique Pulido Vargas.

El colombiano, según el Tesoro de EE. UU. se valió para cumplir su cometido, de una sofisticada red de empresas fantasma, socios comerciales y miembros de su familia, para lavar provenientes de la corrupción en todo el mundo.

Saab y Pulido fueron acusados formalmente por la fiscalía estadounidense, por sus supuestos roles en el lavado de dinero producto de las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

La fiscalía anunció que Álex Saab y Álvaro Pulido, fueron acusados de ocho cargos de lavado de dinero en el Distrito Sur de Florida. La querella sostiene que el empresario pagó sobornos a funcionarios venezolanos y canalizó más de USD 350 millones a cuentas en el extranjero como parte de los sobornos pagados a funcionarios del régimen de Maduro relacionados con el programa de alimentos CLAP.

2) Acusación en Colombia

Previo a esto, en su natal Colombia, en mayo de 2019, Álex Saab y varios miembros de su familia son considerados prófugos de la justicia y sobre ellos recae una circular azul de Interpol. Un juez de Barranquilla les imputó cargos de lavado de activos al supuestamente llevar a cabo operaciones ficticias de comercio exterior de la empresa Shatex, mediante las cuales se blanquearon USD 25.000 millones provenientes de la corrupción en Venezuela[3]. La captura de Saab en septiembre de 2018 se frustró por la delación de la operación por parte de un miembro de la policía colombiana, a saber, Eddie Pinto.

El 9 de junio de 2020, el Fiscal General de Colombia anunció la expropiación de ocho inmuebles de Saab, valorados en 35 mil millones de pesos, unos USD 9,7 millones, los cuales habrían sido adquiridos con recursos ilícitos.

3) El arresto en Cabo Verde

Prófugo de la justicia de los EE. UU. —señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro— el gobierno de Cabo Verde procedió a la captura de Álex Saab cuando el avión en el que volaba —un lujoso Learjet, de matrícula venezolana— cubriendo la ruta Venezuela-Rusia-Irán, paró en el país africano a cargar combustible.

Esto ocurrió el 12 de junio de 2020 sobre la base de una alerta roja de la Interpol en razón de la acusación que el sistema judicial de los Estados Unidos. Ya desde que Saab figuraba en la llamada “Lista Clinton” pesaba sobre él una circular azul que se hizo efectiva en Cabo Verde.

4) El apoyo del régimen de Maduro

Desde el momento mismo de su aprehensión, el régimen venezolano de Nicolás Maduro ha maniobrado para hacer que Saab sea liberado por parte de las autoridades caboverdianas.

En un comunicado, la cancillería de Maduro calificó la detención de arbitraria e irregular, pese a que para el momento no existía código rojo vigente en el sistema de ese organismo de coordinación policial internacional. Se alegó la nacionalidad venezolana de Saab y lo catalogó como “agente del Gobierno Bolivariano de Venezuela, [que] se encontraba en tránsito en la República de Cabo Verde, durante una escala técnica necesaria para continuar su trayecto con el objeto de realizar gestiones para garantizar la obtención de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), así como medicamentos, insumos médicos y otros bienes de carácter humanitario para la atención de la pandemia del COVID-19”.

Entretanto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Miguel Ángel Martín, denunció que Álex Saab no es venezolano como asegura Maduro. Por su parte, Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores designado por el presidente encargado Juan Guaidó, advirtió que para que sea funcionario diplomático hay procedimientos legales que no se han cumplido.

Ante los traslados de prisiones de que ha sido objeto Saab por parte de las autoridades de Cabo Verde, el gobierno de Maduro ha reaccionado y exigido explicaciones, además de pedir que se le permita verificar el estado del detenido. También ha alegado que Saab ha sido objeto de maltratos por parte de las autoridades encargadas de su custodia.

5) La millonaria defensa de Saab

Para que lo represente ante las autoridades de Cabo Verde, Álex Saab contrató un equipo de abogados de alto target, cuya misión, aparte de liberarlo del arresto, era evitar su extradición a los Estados Unidos.

Uno de estos abogados es José Manuel Pinto Monteiro, quien entre sus primeras acciones estuvo apelar la detención preventiva de Saab, alegando que la circular roja que sirvió para justificar la detención se emitió un día después de su arresto.

En una carta en la que el canciller del régimen de Maduro, Jorge Arreaza, exigió al gobierno de Cabo Verde se respetara la supuesta inmunidad que ostentaba Saab en su carácter de agente del gobierno, reveló el nombre del abogado contratado por esa administración, a saber, Rutsel Silvestre Jacinto Martha, de nacionalidad holandesa, ex asesor y director de Asuntos Jurídicos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y exfuncionario de la Interpol.

Luego, Álex Saab contrató al exjuez español, Baltasar Garzón, quien se encargaría de liderar las denuncias que el empresario presentará ante el tribunal internacional de justicia de La Haya, en razón de la supuesta violación a la inmunidad jurisdiccional de quien se presenta como agente diplomático del régimen de Nicolás Maduro.

Garzón pedirá una indemnización por daños patrimoniales y de imagen por entre 5 y 12 millones de dólares.

La defensa de Álex Saab estaría costando USD 65 millones y provendrían de fondos públicos venezolanos, según aseguró uno de los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, Miguel Ángel Martín.

En general, la oposición venezolana asegura una clara malversación de fondos por parte del régimen venezolano.

Sólo por estudiar la viabilidad del caso antes de asumirlo, el exjuez Baltasar Garzón cobra USD 65.000 y, según versiones, habría recibido un adelanto de USD 4 millones. Se desconoce cuánto facturan el resto de los abogados.

Una nota del portal Primer Informe aseguró que parte de los fondos para pagar la defensa de Saab provienen de cuentas en Suiza rastreadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “No se sabe si con esos fondos, o con los del régimen, también se contrató a las prestigiosas firmas portuguesas Abreu Advogados y Rogério Fernandes Ferreira & Associados para coordinar su defensa en Cabo Verde”.

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