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El exsubsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental del gobierno de George W. Bush, Roger Noriega y el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, hablan sobre la detención preventiva ordenada por el tribunal para el expresidente, investigado por presunto fraude procesal y soborno de testigos.

Por EL TIEMPO

¿Puede Álvaro Uribe obtener justicia en el país que salvó?

Por: Roger Noriega, exsubsecretario de Estado de EE. UU. para el Hemisferio Occidental.

El senador colombiano y expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue puesto bajo arresto domiciliario el martes bajo sospecha de manipulación de testigos en una investigación penal que está pendiente. Sería muy injusto decir que todos los que elogiaron la detención de Uribe son izquierdistas aliados del narcotráfico.

Pero no hay duda de que todos los aliados izquierdistas de narcotraficantes si se regocijaron ante un panorama donde se desencadene una mayor polarización política, se obstaculice la gestión del gobierno y se profundice la crisis económica que causará su detención. Independientemente de quienes amen u odien a Uribe, los colombianos decentes deberían preguntarse si vale la pena desgarrar al país por esta profunda enemistad que tiene la izquierda contra Uribe.

Durante casi dos décadas, los opositores de Uribe han intentado y no han podido corroborar sus supuestos vínculos con asesinos paramilitares de derecha. Mientras tanto, Uribe ha sido ratificado repetidamente por los votantes colombianos.

Después de servir en el gobierno de la ciudad de Medellín en la década de 1980, fue elegido gobernador de Antioquia (1995-98), Senador (inicialmente en 1986-94) y Presidente (2002-10). Cuando Uribe fue elegido nuevamente para el Senado colombiano en 2014, obtuvo un número histórico de votos.

Como Presidente, la política de «seguridad democrática» de Uribe unió a los colombianos, y su Plan Colombia recibió miles de millones en apoyo material de los Estados Unidos, poniendo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) a la defensiva por primera vez en años.

Las Farc, una fuerza guerrillera marxista-leninista que libró una terrible guerra contra los colombianos desde 1964, recurrieron al tráfico de cocaína en la década de 1990 para acumular una fortuna y mantener su agenda política. Uribe fue uno de los primeros en denunciar al dictador venezolano Hugo Chávez de apoyar al grupo narcoterrorista Farc.

Una prueba de fuego para el Estado de derecho en Colombia

Por: José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Colombia enfrenta la mayor prueba de fuego a su Estado de derecho en la última década. La comunidad internacional debe estar alerta.

El 4 de agosto, la Corte Suprema anunció la detención domiciliaria de Álvaro Uribe como medida de aseguramiento.

Uribe, quien fue presidente entre 2002 y 2010 y es el mentor del actual presidente, Iván Duque, es sin lugar a dudas el político más poderoso del país.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema está investigando si el expresidente les ofreció beneficios a exparamilitares para cambiar sus testimonios acerca del rol que él habría jugado en la conformación de estos grupos armados.

La Corte Suprema demostró gran coherencia y valentía al tomar esta decisión.
Por décadas, la Rama Judicial de Colombia no se había atrevido a avanzar tan decididamente en un caso contra Uribe, a pesar de múltiples investigaciones en su contra.

La reacción de los partidarios de Uribe parece sacada del típico libreto de políticos demagógicos y autoritarios.

En lugar de abogar porque Uribe se defienda utilizando todos los mecanismos legales a su disposición, sus aliados han preferido calumniar a la Corte e intentar intimidarla para socavar la legitimidad de su decisión.

Para ello han lanzado acusaciones totalmente infundadas, denunciando una supuesta conspiración de la izquierda dirigida a dañar la reputación de Uribe.

Los partidarios de Uribe han politizado completamente el debate, como si la resolución judicial fuera sobre el legado histórico de la presidencia de Uribe y no sobre un caso concreto de manipulación de testigos.

Para colmo, el partido político de Uribe, el Centro Democrático, ha amenazado con promover una reforma integral del sistema judicial, aparentemente en retaliación contra el tribunal.

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