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Representantes legales de tenedores del bono Pdvsa 2020 solicitaron a la juez de Distrito de Estados Unidos, Katherine Polk Failla que no sean revelados los nombres de los representantes legales de los titulares de los bonos, porque muchos de sus familiares residen en Venezuela y temen represalias.

En un escrito interpuesto el pasado 10 de julio de 2020, se le pidió a Polk Failla que sea desestimada una petición realizada tres días antes en la que se solicitaba al Tribunal que se revelara al público la identidad de los expertos representantes de los tenedores del bono Pdvsa 2020, reseñó El Cooperante.

“El Tribunal debe rechazar la petición de los demandantes y permitir resguardar la identidad de los expertos de los acusados, considerando la volátil situación política y de seguridad que existe en Venezuela. Los expertos tienen preocupaciones razonables de que la divulgación de su identidad genere represalias contra el experto, su familia y su seguridad personal”, suscribe el texto.

Quien remite rechazó que quienes solicitan que sean revelados los nombres de los abogados no estén conscientes del contexto en el que se desarrolla el litigio y alegó que los representantes de Juan Guaidó que llevan el caso Pdvsa y sus filiales emprendieron desde hace meses  “una campaña incendiaria”.

“Los representantes de la administración de Guaidó, que dirigen este litigio para Pdvsa y sus filiales han iniciado una campaña de retórica incendiaria, durante meses, no sólo contra el régimen de Maduro, sino contra figuras independientes muy respetadas que han sido críticas de las políticas o acciones de Guaidó o de su administración, quienes son los demandantes en este caso”.

Alegó que es sabido por la corte que lleva el caso que representantes de Guaidó han acusado de manera pública a cualquier abogado venezolano que defienda a los acusados porque estarían actuando en “contra de la constitución” y “en pro del régimen de Maduro”.

 “La administración de Guaidó ha acusado falsamente y sin fundamento a los poseedores de los bonos 2020, de conspirar con el régimen de Maduro para entregarle el control de  Citgo y la Corte sabe que estas acusaciones no están apoyadas en ninguna evidencia”, afirmó.

En este orden de ideas, refirió que el mes pasado, el presidente de la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela, Ricardo Villasmil afirmó públicamente que el economista Francisco Rodríguez está involucrado en una “conspiración” de corrupción con la Administración de Maduro y los tenedores de bono Pdvsa 2020.

Rodríguez fue acusado de «traición a la patria» y «jugar para ambos equipos».

“Este patrón de ataque profesional resultó en la renuncia de Alejandro Grisanti a la Junta Directiva Ad Hoc de Pdvsa, tras el constante menosprecio tanto en público como en privado, contra todo lo que considera contrario a sí mismo”, añadió.

Temen a persecución por parte de Administración de Maduro

Según expone, no debe revelarse la identidad de los defensores porque Maduro ejercerá represalias contra ellos y sus familias.

“Maduro tiene el control de facto de las operaciones de Pdvsa en Venezuela y sus activos petroleros.  Se beneficiaría financieramente, y buscaría beneficiarse políticamente, de una victoria de los demandantes que alivia a Pdvsa de una multimillonaria obligación. El régimen de Maduro, como reconocen los demandantes, tiene un historial bien documentado de la persecución”, destacó.

Asimismo, consideró que las garantías “insípidas” de los abogados de los demandantes en los Estados Unidos de que: no hay razones creíbles para creer que el experto de los acusados estaría bajo amenaza, son de poco consuelo y no deben ser tomadas en cuenta.

Justificó diciendo que los expertos venezolanos que representan a los acreedores de bonos residen permanentemente en Caracas y apuntó que si bien puede abandonar el país para irse a Europa, sus familiares y colegas hacen vida en Venezuela.

“Tienen todas las razones para preocuparse por las posibles represalias (incluso de la administración de Guaidó, en caso de que llegara al poder) si la identidad es revelada públicamente”.

Acotó que inicialmente, representantes legales de los demandantes aceptaron no revelar el nombre de los abogados de los acusados y que ahora pretenden revertir este acuerdo sin justificación y afirmar que la divulgación de la identidad debe ser una imposición.

Por último, sostiene que los defensores de los acusados no han causado ningún daño “derivado del mantenimiento de la condición quo”, lo que justificaría que la identidad de los mismos fuese revelada y subrayó que el abogado de los demandantes conocen la identidad de los expertos y han podido cuestionar sus declaraciones, incluso a través de “informes de refutación y declaraciones juradas”.

El nuevo argumento de los demandantes de que impedir el acceso público a la identidad de los expertos de los demandados requeriría medidas extraordinarias durante la audiencia de juicio, hay varias medidas que pueden tomarse y que serían menos perjudiciales,  como un acuerdo de no utilizar el nombre del experto en audiencia pública

Por todas las razones expuestas anteriormente, los demandados «solicitan respetuosamente que la petición de los demandantes…sea negada”, concluyó.

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