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Venezuela es un país plagado por la violencia. Aún dentro de lo habitual que son las noticias de homicidios atribuidos a la delincuencia, o los cuerpos policiales , el nivel de violencia originado por la extracción del oro en la zona del Arco Minero del Orinoco, hace sonar alarmas.

Los municipios mineros del estado Bolívar, El Callao, Roscio y Sifontes, registraron tasas de 94, 109 y 64 homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

En el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se detalla que tanto los mineros como los pobladores de los pueblos cercanos sufre altos niveles de violencia.

La presencia militar en la zona no ha sido ninguna garantía de paz. Esos funcionarios tienen más de 25 puntos de control a lo largo de la carretera que atraviesa el estado de Bolívar de norte a sur y conecta los diferentes pueblos mineros.

Voceros militares aseguraron a la ACNUDH que el régimen hacía esfuerzos importantes para regularizar la minería y neutralizar las agrupaciones delictivas. El informe, sin embargo, aclara que esos esfuerzos no pudieron ser verificados debido «a la falta de transparencia» sobre el tema.

Los militares, según en reportes de la organización no gubernamental SOS Orinoco, forman parte fundamental del esquema de explotación aurífera en el sur de Venezuela.

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