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Los abogados de los tenedores de los Bonos PDVSA-2020 pidieron a la juez del Distrito Sur de Nueva York, Katherine Polk Failla, mantener el nombre de un experto en leyes venezolanas bajo reserva porque creen que «de revelarse su identidad, su integridad, la de su familia y sus estudiantes podrían estar comprometida». Esta petición surge a raíz de la solicitud de los abogados del gobierno interino de Venezuela ante ese tribunal para que se conozca quién es el profesional que testificó para así garantizar la transparencia y claridad del proceso.

Por Maibort Petit | Venezuela Política
@maibortpetit

Los abogados defensores en la demanda de la República Bolivariana de Venezuela contra MUFG Union Bank, NA y GLAS Americas LLC., [las dos empresas que representan a los bonistas], pidieron a la juez rechazar la petición de divulgación del nombre del experto, debido a que existe una inestabilidad política y de seguridad en Venezuela y que el abogado que sirvió con su experticia a la defensa tiene preocupaciones si su nombre se conoce en público.

El bufete de abogados Latham & Watkins LLp, Christopher J. Clark son los representantes de los bonistas en esta demanda.

En su comunicación exponen que el experto y su familia podrían correr el riesgo de represalias y amenazas su seguridad personal. «No hay interés público en revelar la identidad del experto, donde sus opiniones completas están disponibles en el expediente público del Tribunal».

Dice la carta que los demandantes [gobierno interino] ignoran el contexto en el que surge esta disputa.

«Los representantes de la administración de Guaidó, que está dirigiendo este litigio para PDVSA y sus afiliados, se han involucrado en una campaña de retórica inflamatoria que duró meses, no solo contra el régimen de Maduro, sino también contra figuras independientes de gran prestigio que han criticado las políticas o acciones de la administración de Guaidó o la posición de los Demandantes en este caso. Como esta Corte sabe, la administración de Guaidó ha acusado públicamente que cualquier erudito legal venezolano que testifique para los Demandados estaría actuando «en contra de lo que ordena la Constitución» y estaría «tratando de justificar las acciones del régimen de Maduro», argumentan los abogados.

Sostienen que «una situación similar se ha dirigido contra otros que han cuestionado la posición de litigio de la administración. La administración de Guaidó ha acusado falsa e infundadamente a los titulares de las Notas 2020 de conspirar con el régimen de Maduro para entregarles el control de CITGO, aunque, como la Corte sabe por las presentaciones de juicio sumario, esa acusación no está respaldada por una pizca de evidencia».

Los abogados hacen mención a ataques que hacen a profesionales, entre quienes nombran al economista Alejandro Grisanti.

Dicen que «el patrón de ataque profesional también ha resultado en la renuncia de Alejandro Grisanti de la Junta Ad Hoc de PDVSA de los Directores, luego del «menosprecio constante tanto público como privado» por parte del entonces Procurador Especial «contra todo lo que está en contra de sí mismo». Grisanti que había expresado su oposición a esta demanda y calificó la estrategia de los Demandantes como «equivocada».

Vale destacar que Grisanti dijo en su Alejandro Grisanti en su cuenta de Twitter @agrisanti aclaró a la @lathamwatkins «que si bien es cierto que no estoy de acuerdo con llevar el caso de fianza PDVSA- 2020 a juicio, es totalmente falso que mi renuncia a la Junta Ad-Hoc de PDVSA se deba a esto. Los motivos de mi renuncia se pueden encontrar en una carta que publiqué el 15/5».

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