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La Procuraduría General de la Nación denunció formalmente ante la Fiscalía colombiana las fiestas clandestinas que las organizaciones criminales de la guerrilla y el narcotráfico han hecho para el reclutamiento de niños. El órgano de control también detalló que entre las nuevas tácticas de reclutamiento están las amenazas a las familias para “entregar” a sus nietos o hijos a la guerra y el uso de las redes sociales para invitar abiertamente a los menores a unirse a sus filas.

Además de delitos que tienen que ver con el reclutamiento ilícito de menores, la desaparición forzada, la utilización y el uso de menores en la comisión de delitos, hay actos de tortura y terrorismo contra estas poblaciones. Es una monstruosidad que requiere priorizar inmediatamente las investigaciones”, dijo el procurador general Fernando Carrillo.

La denuncia está argumentada con información documentada por varias organizaciones, entre las que destaca la Coalición contra la vinculación de niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia (OCHA) y las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otras.

La incorporación ilegal de menores en estas organizaciones criminales es una problemática historia en Colombia. Se estima que existen 6.798 niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados entre 1999 y 2020. Luego del Acuerdo de Paz entre la extinta guerrilla de las FARC, las cifras de menores reclutados han disminuido, según el documento que llegó a la Fiscalía.

Los nuevos grupos que se disputan las rutas del narcotráfico y la minería ilegal, el ELN; las disidencias de las antiguas FARC; los Caparrapos; el Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA); las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); los Rastrojos; los Urabeños; las Águilas Negras; Los Paisas; el grupo E-40 y otras organizaciones armadas, denominadas por el gobierno de Iván Duque como Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), se han encargado de sembrar el terror con distintas estrategias, todas, de cualquier manera, violentas.

Una de las estrategias documentadas es el uso de redes sociales para organizar fiestas de adolescentes donde son reclutados”, explica un experto que conoce los casos denunciados. Así lo confirma el documento que deberá analizar la Fiscalía. En Tibú, norte de Santander, zona fronteriza con Venezuela, “se habrían llevado a cabo fiestas y celebraciones convocadas por miembros de grupos armados por WhatsApp, con el propósito de enganchar a jóvenes y adolescentes a esas estructuras”. Bajo esa misma lógica de “seducción”, les ofrecen dinero prestado a los adolescentes para vincularlos a sus filas, reza parte de la nota de El País.

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