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Al menos en tres ocasiones, el Sepblac -el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias– elevó informes de inteligencia financiera al Cuerpo Nacional de Policía sobre los vínculos de empresas sospechosas de lavado de dinero con la productora de la que cobraba Pablo Iglesias, 360 Global Media. Según fuentes policiales, el último de estos informes se remitió el 5 de febrero de 2018. El segundo de ellos data de septiembre de 2017 y el primero, que arrancó las pesquisas, de 2013.

El Mundo

360 Global Media produce programas como Fort Apache o La Tuerka, emitidos por Hispan TV y presentados por el líder de Podemos y personas de su entorno. El Sepblac detectó una dinámica de movimientos financieros opacos procedentes de Irán de la que resultaba beneficiaria la productora.

La alerta se encendió en 2013 tras la localización de una firma llamada Fluval Spain S.L., que se dedicaba a la venta de material y tecnología de doble uso. Lo que se llama en el argot como «un sujeto obligado» (un banco, una entidad de inversión o una notaría) avisó al Sepblac de que, a tenor de sus movimientos contables, podría estar saltándose la prohibición de actividades comerciales con la república islámica. La operación permitió la detención de dos personas que efectuaban las transacciones a través de empresas «pantalla» de Emiratos Árabes Unidos.

Se conoce por bienes de doble uso a materiales y software que tienen aplicaciones tanto civiles como militares. Están rigurosamente listados por la legislación europea y, además, sometidos a un estricto régimen de control de exportaciones.

A partir de la investigación de Fluval Spain, el Sepblac pudo identificar una serie de empresas sin vínculos visibles pero a las que unía un denominador común: todas ellas transferían dinero periódicamente a 360 Global Media. La productora está dirigida por el ciudadano iraní Mahmoud Alizadeh Azimi.

El primer informe aportó el nombre de, al menos, 16 empresas relacionadas con esta red sospechosa de blanqueo. Sólo dos de ellas tuvieron en su momento página web. El resto no existían en internet. Ocho de ellas tenían su dirección en Dubai. Las otras, en Chipre, Irán, Kuala Lumpur, Reino Unido, Dinamarca, Hong Kong, Líbano y Tayikistán.

Los especialistas del Sepblac únicamente lograron aportar números de teléfono o direcciones de correo de ocho firmas. Tampoco fue sencillo saber quién estaba detrás de ellas. De hecho, sólo pudieron identificar a cuatro presuntos administradores.

La dinámica que llamó la atención a los expertos en la lucha contra el blanqueo es habitual en este tipo de operativas. Estas empresas eran a priori desconocidas en los circuitos financieros y de dudosa apariencia (no tienen página web ni existe información sobre ellas), estaban situadas en otros países (especialmente Emiratos Árabes Unidos) y realizaban transferencias periódicas cuyo destinatario final era siempre una empresa española (360 Global Media), a cargo de un ciudadano de origen del país sometido a restricciones (Mahmoud Alizadeh Azimi).

Las transferencias se realizaban en algunos casos a través de bancos intermediarios para ocultar la entidad financiera de origen. El importe era siempre inferior a los 40.000 euros. Por debajo de esta cifra, las transferencias no requieren autorización previa, según consta en las medidas establecidas con respecto a Irán por el Reglamento de la Unión Europea de 23 de marzo en 2012.

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