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La ley fue sancionada por la Asamblea Nacional con el voto salvado de la fracción parlamentaria 16 de Julio.

Por Maibort Petit | Venezuela Política
@maibortpetit

La Asamblea Nacional sancionó el pasado 9 de julio la Ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos, bienes e intereses del estado venezolanos en el extranjero.

La nueva ley fue publicada en la Gaceta Legislativa de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela Nº 26, del 10 de julio de 2020.

El proyecto legislativo había sido presentado ante la plenaria del Poder Legislativo por el vicepresidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Luis Silva, diputado por el estado Bolívar, quien destacó la “importancia estratégica cortar toda fuente de financiamiento a los enemigos del pueblo venezolano, el régimen de Maduro y su combo, que han destruido el país”.

El instrumento legislativo no contó con el apoyo de la fracción parlamentaria 16 de Julio que salvó el voto al estimar como un grave error político apartar a la Asamblea Nacional del camino de la reinstitucionalización del país. Además, sostienen que, legalmente, la tarea de rescatar los activos venezolanos en el extranjero corresponderá al gobierno de transición que se instituya en Venezuela y no al gobierno interino.

La ley

En su exposición de motivos, la “Ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos, bienes e intereses del estado venezolanos en el extranjero”, se advierte que esta regulación especial no tiene como objetivo sustituir legislación actual, sino establecer las reglas especiales acorde con la situación extraordinaria que vive el país en estos momentos.

Se alerta que es necesario la administración financiera pública del estado venezolano a las particularidades impuestas por “la tiranía usurpadora de Nicolás Maduro”, circunstancia esta que ha “obligado al gobierno interino y a la Asamblea Nacional a proponer regulaciones especiales que instruyan, organicen y desarrollen estructuras y procedimientos que permitan el funcionamiento del gobierno y la administración, en ese ámbito, mientras persista la usurpación y se restituya el orden constitucional” en Venezuela.

Ajustándose a lo establecido en el Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en materia de gestión financiera ya se han sancionado varios instrumentos legislativos con sus reglamentos, los cuales son esenciales “para la autorización y ejecución de gastos públicos y para el control de esa ejecución, en condiciones que aseguran el respeto de los principios de transparencia y responsabilidad, como lo exige, expresamente, nuestra Constitución, en el Capítulo II del Título VI”.

Se explica que la “Ley Especial de Contrataciones Públicas Asociadas a la Defensa, Recuperación, Aseguramiento y Resguardo de los Activos, Bienes e Intereses del Estado Venezolano en el Extranjero” establece “el régimen jurídico especial de los contratos públicos celebrados por los órganos y entes del Poder Público previstos en los artículos 14 y 15 del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para la adquisición de bienes y servicios, en el marco de la Ley Especial del Fondo Para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital, y de los Acuerdos dictados por la Asamblea Nacional para la contratación de servicios profesionales para la defensa de los derechos del Estado venezolano ante la comunidad internacional y la recuperación, aseguramiento y resguardo de sus activos, bienes e intereses en el extranjero”.

Queda establecido que una vez sea rescatada la democracia en Venezuela y rija a cabalidad la constitución de la república, serán las instituciones y procedimientos previstos en la legalidad ordinaria relativa a las contrataciones públicas, las que habrán de aplicarse para asegurar la responsabilidad y la transparencia en esta materia.

Objeto de la ley

El primer artículo define el objeto de la ley, el cual es objeto “establecer el régimen jurídico especial de los contratos públicos celebrados por los órganos y entes del Poder Público previstos en los artículos 14 y 15 del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para la adquisición de bienes y servicios, en el marco de la Ley Especial del Fondo Para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital y de los acuerdos dictados por la Asamblea Nacional para la contratación de servicios profesionales y legales para la defensa de los derechos del estado venezolano ante la comunidad internacional, y la identificación, ubicación, recuperación, aseguramiento y resguardo de sus activos, bienes e intereses en el extranjero”.

Agrega que las contrataciones públicas regidas por la ley, deberán cumplir, estrictamente, los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y eficacia.

Estas contrataciones se regirán, preferentemente, por lo aquí dispuesto y de manera supletoria, por la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

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