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Declaración de Nada Al- Nashif
Alto Comisionado Adjunto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
44ª sesión del Consejo de Derechos Humanos
Ginebra, 15 de julio de 2020

Señora Presidenta,
distinguidos delegados,
colegas,
amigos,

Me complace presentar nuestro informe que se centra en la independencia del sistema de justicia y el acceso a la justicia en Venezuela, así como en la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco, según lo dispuesto por el Consejo de Derechos Humanos en la resolución 42 / 25) Le remito a la presentación del Alto Comisionado de nuestro informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (A / HRC / 44/20) el 2 de julio, que examinó la situación de los derechos humanos en el país y destacó la cooperación entre el Gobierno y la Oficina .

Reconozco los esfuerzos del Gobierno por cooperar con la Oficina. Este informe refleja la información recopilada y analizada por el ACNUDH, incluso a través de entrevistas con víctimas, testigos y otras fuentes. Siempre que sea posible, el informe se refiere a información y datos oficiales.

El informe señala los esfuerzos del Gobierno para mejorar el acceso a la justicia y la independencia del sistema judicial, así como las iniciativas de la Oficina del Fiscal General para investigar las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad. El informe explica los factores que socavan la independencia de los jueces, como las condiciones para el nombramiento y la tenencia, la falta de libertad de asociación y la presión política, incluidas las amenazas de despido.

El informe encontró que las reformas de gran alcance deben implementarse para permitir que el poder judicial cumpla efectivamente su función de garante de los derechos humanos, para contribuir a la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos y facilitar el acceso a la justicia para las víctimas, incluidas las mujeres. También debe reforzarse la protección efectiva de las víctimas de violaciones de derechos humanos para disipar los temores de revictimización y restablecer la confianza en el estado de derecho. Las acciones en estas áreas pueden contribuir a abordar la impunidad, incluidas las violaciones graves cometidas por las fuerzas de seguridad, como asesinatos y violaciones de los derechos humanos cometidas en el contexto de protestas y operaciones de seguridad, y los informes de tortura y desapariciones forzadas.

El informe destaca el uso continuo del sistema de justicia militar para civiles, que debería ser y seguir siendo excepcional. Además, desde 2018 los tribunales antiterroristas se han utilizado cada vez más para enjuiciar casos políticamente delicados. El informe también documenta cómo los recursos insuficientes han obstaculizado la capacidad del Defensor Público para defender adecuadamente a las personas que representa, y que en algunos casos, los acusados ​​no pueden nombrar a sus abogados, dejándolos sin una defensa legal efectiva.

Ahora paso a la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco. Debido a la falta de transparencia en la información relacionada con las actividades mineras en el Arco Minero, la Oficina no puede determinar en qué medida el Gobierno ha logrado regularizar la actividad minera y frenar la minería ilegal. Según las cuentas de primera mano recibidas por la Oficina, una gran parte de las actividades mineras permanecen bajo el control del crimen organizado o elementos armados que imponen sus propias reglas a través de la violencia y la extorsión. El informe destaca un patrón de explotación laboral, incluido el trabajo infantil, y se refiere a informes de trata de personas y explotación sexual. También descubrió que los mineros deben dar una gran parte del oro que extraen a grupos criminales y armados, sometidos a largas jornadas laborales en condiciones peligrosas,

A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad dentro de la región de Arco Minero, y los esfuerzos para abordar la actividad criminal, las autoridades aún tienen que cumplir plenamente con su obligación bajo el derecho internacional de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos relacionadas con las operaciones mineras.

La expansión de la minería desde el establecimiento del Arco Minero en 2016 ha afectado particularmente la vida y los medios de vida de los pueblos indígenas, dentro del Arco Minero y más allá, principalmente debido a la presencia de actores armados y los impactos ambientales. Una consecuencia principal ha sido la pérdida de control de sus territorios y recursos tradicionales, lo que también socava su derecho a la libre determinación.

El informe presenta recomendaciones específicas al Gobierno para abordar la variedad de desafíos de derechos humanos documentados. La Oficina reitera su oferta de continuar brindando asistencia técnica a las autoridades y apoyando los esfuerzos para mejorar la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Finalmente, la Oficina hace un llamado a todas las partes para que reanuden negociaciones políticas inclusivas destinadas a alcanzar acuerdos concretos para la realización de un proceso electoral pacífico, transparente, creíble e inclusivo. 

Vía ohchr.org

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