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Nicolás Maduro no se inmuta a la hora de destruir la moral de la institución militar venezolana. El día que ascendió a los integrantes de la Guardia de Honor Presidencial (Casa Militar) y a los de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) dijo: “Debemos sentirnos orgullosos de esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana”. Y asciende a los dos oficiales que establecieron una plataforma de tortura que está vigente: al ahora teniente coronel de la Guardia Nacional Alexánder Enrique Granko Arteaga y al ahora general de brigada del Ejército Rafael Antonio Franco Quintero. 

Por Sebastiana Barráez – INFOBAE

Pero además también asciende al grado de teniente coronel (GNB) a Manuel Salvador Parra Ramírez, quien tiene un juicio abierto como presunto autor intelectual del asesinato de Karla Stefanie Romero Quintero, con quien tuvo amores hasta que ella decidió abandonarlo por otro hombre. Parra pertenece a la II Promoción “Batalla Mata de La Miel”, de la EFOFAC, año 2003, la misma de Alexánder Enrique Granko Arteaga.

Quizá como dijo el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, lo más importante es la lealtad. “Hay un valor dentro del mérito que se llama lealtad; la lealtad a la Patria, al pueblo, a los superiores, los compañeros y los subalternos, al sistema democrático que nos hemos dado, las autoridades y las instituciones”, dijo, pero lo que no mencionó el general en Jefe es la lealtad a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, a las normas que rigen a la institución castrense y que prohíben que un oficial ascienda, ni siquiera sea considerado, cuando tiene expedientes abiertos.

El 9 de mayo del 2018 es asesinada a tiros, por dos motorizados, en el sector Pirineos de San Cristóbal, estado Táchira, la joven Karla Stefanie Romero Quintero, de 29 años, quien era estudiante del cuarto año de Derecho en la Universidad Católica del Táchira. Inicialmente se creyó que era un robo, pero con el tiempo empezó a surgir una hipótesis escabrosa y terrible, un hombre celoso, que se creía poderoso y protegido le quiso hacer pagar caro el rechazo de la chica. 

Karla Stefanie Romero Quintero fue asesinada en 2018

Los sicarios que asesinaron a Karla son Jaiver Enrique Velasco Colmenares (quien usa la identidad falsa Arturo José Gómez Vásquez) y, quien conducía la moto, Enderson Daniel Hernández Vargas. Ellos mencionaron como autor intelectual al mayor de la Guardia Nacional Manuel Salvador Parra Ramírez, quien entonces estaba adscrito al Destacamento de Frontera 353 de Guasdualito, estado Apure; por el sicariato habría pagado 11 millones de pesos (3 mil dólares americanos). 

Parra Ramírez le habría pedido a un subalterno suyo en Guafitas, estado Apure, guardia nacional Ledinsson Berkley Becerra Castillo alias El Mono, que le consiguiera a alguien que ejecutara el asesinato de la joven universitaria, con quien había tenido amores durante un año. Becerra contrata a Wilfrid Andrés Tovar Landetta, quien se encarga de ubicar a los dos sicarios.

El Ministerio Público estuvo representado por Lissette Caraballo, fiscal nacional en materia de Femicidio. La Juez Peggy María Pacheco de Araque. Ellas en realidad hicieron muy buen trabajo hasta que el presidente del TSJ ordenó que le enviaran a él ese caso donde el señalado como presunto autor intelectual es el ahora teniente coronel Parra Ramírez, quien llegó a la audiencia de presentación, ante la Juez Adriana Castro Torres, el 14 de agosto 2019, con tres abogados privados.

El 15 de octubre 2018, el Tribunal Primero de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial en Materia de Delitos Contra la Mujer de Táchira, ordena la captura del Guardia Nacional Becerra Castillo (31) y de Tovar Ladetta.

El 15 de octubre 2018 la Juez Peggy María Pacheco de Araque emite orden de captura contra el oficial por el delito de Femicidio. Pero él no se presenta y no hubo autoridad que lo obligara pues es un protegido del poder, ya que pertenece a la Guardia de Honor Presidencial; él por fin va a la Audiencia de Presentación el 14 de agosto 2019.

Claro, ya había pasado cinco meses desde que el 6 de marzo 2019 el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Maikel José Moreno Pérez ordena que el expediente sea sacado de Táchira y enviado a Caracas donde permanece engavetado hasta que llega al tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nr. 06 del circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Los Teques, a cargo de la Juez Adriana Castro Torres.

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