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Panamá, a la sombra del cuartel

Hace 26 años que Panamá, por enmienda constitucional, no tiene ejército. Fue disuelto tras la invasión del 20 de diciembre de 1989, orquestada y ejecutada por Estados Unidos. Desde entonces, la economía ha crecido de forma sostenida y siete presidentes de distintos partidos fueron elegidos por voto popular para gobernar un país cuya prosperidad es el revés de una profunda desigualdad: la sexta a nivel mundial.

Por Divergentes | Errol Caballero | revistaconcolon.com

Eso convirtió a Panamá en una rareza en la región, junto a Costa Rica: una democracia sin fuerzas armadas. Mientras en Guatemala el ejército se recicló tras la dictadura para permanecer en el centro mismo del poder político; en El Salvador el jefe de las fuerzas castrenses acompaña al presidente y en Honduras son actores clave de las decisiones políticas, aquí, en los papeles, no hay botas olisqueando el poder. Pero, ¿el poder dejó ir, con los militares, su dominio autoritario y avanzó hacia una sociedad más democrática? ¿la policía se democratizó? ¿respeta los derechos humanos y tiene apego a las leyes?

El país sepultó la estructura en 1990, cuando creó la Fuerza Pública, encargada de la seguridad y la defensa nacional tras el legado de represión de las Fuerzas de Defensa (FFDD), el brazo armado de la dictadura que controló el país entre 1968 y 1989. Pero el poder de la bota sigue rondando aquí. Algunas de las estructuras y vicios heredados de los militares persisten.

Por estos días en que un virus atroz frenó el mundo y llevó a millones de personas a encerrase en sus casas, la policía ha sido objeto de denuncias de violencia contra las personas LGTBI+ y los pobres de siempre. En La Chorrera, metieron presa a una mujer trans por salir de casa hasta con salvoconducto, con la excusa de la cuarentena por sexo. En San Miguelito, el 30 de abril la policía sometió a un hombre que fue denunciado por alterar el orden con descargas de un arma Taser. Murió sin atención médica. La Defensoría del Pueblo ha recibido 65 quejas relacionadas con distintas violaciones de derechos por parte de la policía desde noviembre pasado.

Además, hay quienes dudan del fin del Ejército: el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) cuenta en la práctica con orientación y equipo militar —fusiles de asalto M4, lanza-granadas, humvees, etc. Desde su creación, en 2008, ha sido utilizada como fuerza de choque en las protestas ciudadanas —en San Félix, Chiriquí (2012), Bocas del Toro (2010) y Colón (2012), por ejemplo. Con la represión en las manifestaciones de San Félix contra la instalación de hidroeléctricas y minas en territorio indígena, asesinaron a Jerónimo Tugrí: el 5 de febrero de 2012 le abrieran el pecho con una escopeta. El Ministerio Público fue incapaz de identificar quien le disparó. Las demandas de las víctimas de la bota en la Justicia nunca prosperaron.

Panamá no cuenta con fuerzas militares, pero: ¿hay o no autoritarismo y prepotencia en las fuerzas de seguridad? ¿Cómo es la relación entre militarismo y política en el istmo? En alianza con Divergentes, realizamos un viaje a la Centroamérica con un pasado militar escabroso que todavía pesa, en La reconfiguración del militarismo en Centroamérica. Aquí, el capítulo panameño.

¿Sin ejército?

En 1990, después de que los gringos escupieran fuego, regaran sangre e instauraran la democracia, y como parte de su nueva estrategia de seguridad en la región, ayudaron a Panamá a alumbrar una nueva fuerza policial, que quedaría en la Constitución en 1994. A partir de entonces, está prohibida la creación de un ejército permanente, solo fuerzas especiales de carácter temporal en caso de una agresión externa.

Desde el 2008, ante el avance de los carteles de la droga y la creciente amenaza de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —que entre 2000 y 2011 se enfrentaron a la policía en 20 poblados de la provincia del Darién—, a estas fuerzas especiales se les conoce como el Senafront. Estados Unidos aportó estrategia, capacitación, doctrina y armamento para su conformación. Un dato: el primer curso, que se dictó en la Escuela de Gamboa, contó con equipo y entrenamiento facilitado por el ejército estadounidense.

El vínculo continuó los años siguientes, hasta hoy, con donaciones que se reciben de la embajada norteamericana, operativos en conjunto con el Comando Sur y en el “alineamiento” en materia de seguridad al que alude el ministro Juan Manuel Pino, ex Senan y formado en Fort Benning.

El Senafront funciona como un pequeño ejército dentro de la estructura del Ministerio de Seguridad, con bases en Darién y otras provincias. Su presupuesto casi se ha quintuplicado desde su creación: de 20 millones en el 2008 a 96 millones de dólares en la actualidad. En los papeles, debería lidiar con grupos guerrilleros y criminales colombianos, desmantelando campamentos y laboratorios en la selva y en las costas. Pero sus unidades también han sido destinadas a labores policiales como “control de disturbios”, lejos de las zonas fronterizas.

A pesar de facilitar el despliegue de asistencia humanitaria, su récord en derechos humanos está empañado por la represión. Su participación en las protestas en Bocas del Toro, de las que se conmemoran 10 años, fue nefasta: cientos de heridos y lisiados; otros cegados por los perdigones. Hoy, cuando tiene a cargo el manejo de la situación de los 1,700 migrantes que quedaron varados en el Darién tras el cierre de fronteras por la pandemia, las denuncias continúan.

*Este texto forma parte de una alianza periodística entre Divergentes de Nicaragua y Revista Concolón de Panamá.

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