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El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli no se presentó en la sede de la Fiscalía Especial Anticorrupción para rendir declaraciones sobre el caso Odebrecht. Su abogado Roniel Ortíz lo justificó con una incapacidad firmada por su cardiólogo Gabrie Frago y que inicialmente era del 1 al 3 de julio y se extendió hasta el 7 de julio.

El doctor Frago fue el mismo médico que le emitió la incapacidad el pasado jueves en la Fiscalía Superior Contra la Delincuencia Organizada, organismo judicial al que fue citado para rendir indagatoria por la presunta comisión del delito de blanqueo de activos en el caso conocido como New Business. Martinelli se acogió al artículo 25 de la Constitución en vez de responder las preguntas formuladas.

«Nadie está obligado a declarar contra sí mismo”, dice el artículo 25.

Pero entre las estrategias empleadas por Martinelli no están solamente los informes médicos. El cuestionado expresidente recusó a dos fiscales que llevan el caso de Odebrecht en Panamá desde hace dos años, Tania Sterling y Ruth Morcillo. Tambien recusó al fiscal Emeldo Marquez, quien adelanta el caso New Business.

El comentado caso New Business es una investigación que le sigue la pista a la compra del Grupo Epasa, presuntamente con fondos del Estado.

“La sola firma de la resolución de indagatoria de Ricardo Martinelli es un abuso de autoridad y extralimitación de funciones de estas fiscales, que han asumido función de juez”, dijo Roniel Ortiz, al tiempo que anunció que la próxima semana procederán a secuestrar el salario a los fiscales “que han violado la ley”, señaló una nota publicada por Prensa.

Martinelli trata también de evadir la justicia aferrándose al principio de especialidad previsto en el tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos, que indica que una persona solo puede ser procesada por aquel caso por el que fue solicitada en extradición (en el caso de Martinelli, fue entregado por el caso pinchazos) y con el aval del país de donde fue extraditado.

No obstante, Estados Unidos, por medio de su embajada en Panamá y del Departamento de Estado, ha dicho desde finales del 2019 que Panamá no necesita consentimiento para procesar a Martinelli por otros casos, puesto que ha viajado fuera del país desde septiembre de 2019, incurriendo así en una de las excepciones al principio de especialidad.

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