Spread the love

Deben inventariarse los bienes de los que se conoce su ubicación y están a buen resguardo para evitar pagar comisiones por trámites que, en casos como este, no requerirían de esfuerzo alguno para recuperarlos.

Por Maibort Petit | Venezuela Política
@maibortpetit

Con la previa advertencia de que el Estatuto que rige la Transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la tarea de recuperación de los activos de la nación corresponderá al gobierno de transición y no al actual gobierno interino, el jefe de la fracción parlamentaria 16 de Julio, Omar González, alertó que carece de sentido pagar la “prima de éxito” o “pago por resultados” a los despachos de abogados que se contraten para recuperar los activos de Venezuela en el extranjero, en los casos en que se conozca de antemano su ubicación, monto y se tenga la certeza de que se encuentran a buen resguardo, pues se trata de recursos que se deben aprovechar al máximo en el proceso de recuperación del país.

El pasado 9 de julio, la Asamblea Nacional sancionó la “Ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos, bienes e intereses del estado venezolanos en el extranjero”, luego de una discusión en la que la fracción 16 de Julio salvó su voto.

El diputado Omar González conversó con Venezuela Política para explicar las razones que los llevaron a asumir esta posición, tanto respecto a el referido instrumento legislativo, como de otras decisiones del poder legislativo nacional a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y su filial en Estados Unidos, CITGO Petroleum Corporation.

Le consultamos a González acerca de uno de los puntos de la ley que más genera polémica, qué es el relativo a la contratación de los equipos de abogados que van a liderar la recuperación de los activos venezolanos en el extranjero.

— ¿Quiénes son, cuánto van a cobrar? Se advierte que muchos de los activos están ubicados, se sabe dónde están, pero esa ley aparentemente contempla pagar para que los ubiquen. ¿Qué sucedió con esa ley?

— Nosotros estuvimos en desacuerdo con la aprobación de esta “Ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos, bienes e intereses del estado venezolanos en el extranjero”. En este caso, la Fracción 16 de Julio asumió una posición frontal, firme, de no aprobar esta ley. La razón, es que había elementos de forma y otros de fondo para oponernos a esta decisión. En primer lugar, quisieron hacer todo esto, es decir, el manejo de contrataciones para la recuperación de activos en el extranjero, que es lo que se conoce como caza rentas, que es un negocio muy lucrativo a nivel internacional, lícito y sumamente lucrativo, a través de un acuerdo parlamentario. Es decir, un instrumento sub-legal para algo tan delicado como es la recuperación de cientos de miles de millones de dólares que están regados por el mundo, producto del robo, del saqueo por parte del chavo-madurismo y sus testaferros. Entonces podría ser muy atractivo eso de recuperar el dinero que se robaron de Venezuela, pero esto tiene que tener un control. Sobre ese acuerdo, dijimos, que es una materia muy delicada que no puede ser despachada por un acuerdo parlamentario, sino que se necesitaba una ley bien estudiada y bien protegida. Por otro lado, hay una ley en Venezuela que es la ley del Estatuto de la Transición, que decía que esa recuperación de activos era una disposición para el gobierno de transición, no para el gobierno interino. Bueno, en todo caso, ese aspecto formal fue corregido, hicieron una ley y debatieron en primera y en segunda discusión este proyecto de ley. Nosotros estuvimos en desacuerdo, en primer lugar, porque en el acuerdo se planteaba el 15 por ciento del dinero que se recuperara para los bufetes. Eso lo rebajaron al 9 por ciento. Pero nosotros dijimos por qué se va a pagar 9 por ciento, por ejemplo, por la recuperación de dinero que está a buen resguardo en Estados Unidos, o en Portugal donde hay USD 2.000 millones que una corte decidió que no los podía manejar Maduro y su camarilla, sino la república de Venezuela cuando esté el gobierno de transición como dice la ley del estatuto. Así mismo sucede en Gran Bretaña donde una corte decidió que más de USD 2.000 millones no podían ser manejados por Nicolás Maduro. Así ocurre en Andorra, en Luxemburgo. Es decir, ese dinero está a buen resguardo. A ese dinero no le puede echar mano Maduro. Entonces, ¿por qué se le va a pagar hasta 9 por ciento a un bufete de abogados, por ejemplo, en el caso de Portugal serían USD 200 millones, cuando el dinero está resguardado? Eso es dinero que necesita Venezuela para su recuperación cuando esta tragedia pase. Como esas, hay muchas observaciones que le hicimos a esta iniciativa legislativa, pero lamentablemente no fueron oídas y la semana pasada fue aprobada en segunda discusión, es decir, esto ya está aprobado por el parlamento, con el voto salvado de la fracción 16 de julio.

— ¿Quién presentó ese proyecto?

— Primero fue un acuerdo que fue echado para atrás después de las razones que expusimos en las reuniones de jefes de fracción con la directiva de la Asamblea Nacional. Luego cambiaron a un proyecto de ley y teníamos como dos o tres meses haciéndole observaciones y se había detenido, no se habían atrevido a llevarlo a la plenaria. ¿Quiénes aprobaron? Bueno, los diputados del llamado G4, es decir, Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Un nuevo Tiempo.

Recuerda que la presentación del proyecto finalmente estuvo en manos del subjefe de la Comisión Permanente de Finanzas, Luis Silva, diputado por el estado Bolívar, aunque no fue elaborado por él.

Del mismo modo, González refiere que el proyecto recibió observaciones de carácter formal de parte del Contralor General y del Procurador General —el anterior y el actual— como también lo hicieron expertos, incluso del gobierno interino, quienes advirtieron acerca de lo riesgoso que resultaba aprobar y ejecutar esta ley “hasta para el propio objeto de la ley que es preservar los activos de la república que están en el extranjero”. Esto debido a que al pasar los activos a manos de la administración de la presidencia interina de Juan Guaidó, “los acreedores, que hay por montones, como en el caso de CITGO en que hay empresas como Rosneft o como Crystallex, etc., o como los bonistas, inmediatamente van a ir por esos depósitos, van a demandar el pago de sus acreencias, muchas de las cuales han puesto como garantías los activos de Venezuela de manera irresponsable como lo hizo Hugo Chávez y como lo ha hecho Nicolás Maduro”.

Recuerda, que muchos de estos activos se están bien resguardados por decisiones de tribunales de varios países en los que se encuentran, los cuales se han negado a entregarlos al gobierno de Nicolás Maduro, por considerarlo ilegítimo.

Omar González se remite, entonces, al caso del resto de los activos de Venezuela en el extranjero que es preciso ubicar y cuantificar. Tal es el caso y que se encuentran depositados en diversos países del mundo. “Por lo menos, son 49 fondos”, advierte.

Se trata de un dinero que, en muchos casos, ni el propio gobierno sabe dónde está y a cuánto asciende su monto. Para la ubicación de estos activos si considera pertinente contratar los servicios de los expertos en realizar estas pesquisas. “Si hay personas expertas en hacer pesquisas, no al dinero que está a buen resguardo y que se sabe dónde está y cuánto es, sino para ubicar esos fondos que están depositados en cualquier cantidad de bancos regados por el mundo, bueno, que se les pague, que haya una compensación por ese trabajo, pues está bien, es lícito. Pero agarrar lo que ya está ubicado, lo que ya se sabe dónde está, incluso que están a buen resguardo, eso es lo que está mal”.

Lo que dice la ley

El artículo 17 de la “Ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos, bienes e intereses del estado venezolanos en el extranjero” prevé la “contratación de servicios profesionales, legales o de inteligencia financiera, a los fines de adelantar actividades y gestiones encaminadas a la recuperación de activos de la República y sus entes descentralizados consistentes en depósitos bancarios, cuentas por cobrar y otros productos financieros similares, en el extranjero, bajo un esquema de pago con base en ‘primas a éxito’ o ‘pago por resultados obtenidos’, es decir mediante el pago de honorarios estipulado con base en el monto total de activos efectivamente recuperados”.

En su aparte “a”, el referido artículo establece que dicha “prima de éxito” o “pago por resultados” obtenidos “en ningún caso, podrá ser superior al 9% del total recuperado” y agrega que “El monto dependerá de la complejidad del caso, los costos y riesgos asociados a la recuperación y tomando como base el tabulador de primas elaborado por el Poder Ejecutivo”.

Inventariar los bienes

En tal sentido, el jefe de la fracción parlamentaria 16 de Julio considera que lo prudente habría sido, primero, primero hacer un inventario de los fondos que ya están a buen resguardo en extranjero, de modo que no entrarán a formar parte del objetivo de la ley, lo cual habría permitido un gran ahorro para la nación.

“No se nos hizo caso y se aprobó”, por lo que los bufetes de abogados que se contraten, los que se dedican a este negocio de caza rentas, procederán en primer lugar a cobrar estos fondos de los que ya se conoce su ubicación y están a buen resguardo gracias a decisiones judiciales, para recuperarlo y cobrar las primas con tan sólo realizar un mínimo trámite y de poca monta, para cobrar la comisión de la factura. “Eso no está bien”.

Por otra parte, Omar González estima que cuando se haya recuperado la institucionalidad en Venezuela y se restaure el estado de derecho e impere la separación de poderes, debe procederse a una investigación “donde la fiscalía actúe como debe ser y los tribunales actúen como les corresponde”, para determinar las responsabilidades en caso de que se haya cometido algún delito en lo que al establecimientos de estos fondos se refiere, así como al manejo de los activos venezolanos en el extranjero. “Para eso se necesita que Venezuela vuelva a tener soberanía, que no la tiene en este momento. Venezuela es un país invadido por fuerzas extranjeras, por crimen organizado, por organismos paramilitares que se están distribuyendo el territorio. Para ese entonces, los responsables de todas estas irregularidades que se cometieron en estos 21 años se van a conocer. Yo creo que todo se va a saber”, advierte.

Siga leyendo en Venezuela Política

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *