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 A través de un informe-denuncia, este oficial de la Fuerza Armada, dio a conocer los supuestos vínculos del exgobernador y su secretario de seguridad, con las organizaciones criminales de la zona.
Por Maibort Petit | Venezuela Política
@maibortpetit
   Múltiples fueron las alertas que se emitieron antes y después de la masacre de Tumeremo, las cuales daban cuenta de las irregularidades y hechos de corrupción que tenían lugar al sur del Orinoco en lo que tiempo después se convirtió en proyecto bandera del gobierno de Nicolás Maduro y que se conoce con el nombre de Arco Minero. Una de ellas la lazó el teniente Jesús Leonardo Curvelo, quien advirtió en un informe remitido al diputado Américo de Grazia, acerca de los delitos y acciones criminales cometidos en el estado Bolívar al amparo del exgobernador de esa entidad, Francisco Rangel Gómez y de quien fue el encargado de resguardar la seguridad en la región, Julio César Fuentes Manzulli.
    Primer teniente Jesús Leonardo Curvelo, quien se desempeñó por 14 años como asistente personal del general Julio César Fuentes Manzulli, exdirector de la policía y exsecretario de seguridad ciudadana de la gobernación de Bolívar, lo denunció por hecho de corrupción y cometer irregularidades.
  Curvelo fue detenido el 24 de octubre de 2015 en la Troncal 10 con más de 33 millones de bolívares en efectivo que llevaba almacenados en 31 cajas, por lo que fue acusado por la Fiscalía de pertenecer a una red criminal y lo mantuvo preso por 106 días [1].
“La Fiscalía estableció que Curvelo y Pedro Rafael Goitía Salazar, el conductor del vehículo en que trasladaban el dinero, formaban parte de una organización criminal más amplia. No identificó a otros involucrados, a pesar de que obtuvo pruebas de que el dinero procedía de cuatro organizaciones gubernamentales relacionadas con programas sociales: Mercal, Pdval, Red de Abastos Bicentenario y Gas Comunal, y que algunos de estos programas sociales tenían su sede en instalaciones militares” refiere el portal “Arco Minero. Crimen, corrupción y cianuro”, el cual recoge una serie de trabajos periodísticos y de investigación sobre este proyecto gubernamental.
  A Curvelo lo mantuvieron detenido por 106 días, pero el 3 de febrero de 2016 le concedieron el beneficio de casa por cárcel, una situación que le facilitó su huida del país y solicitar asilo político en Portugal.
   Desde entonces, se dedicó a recabar algunos datos para completar la información privilegiada que ya poseía gracias a sus 14 años de servicio junto a Fuentes Manzulli, comisionado de la gobernación de Bolívar para los pueblos del sur con la función de combatir las mafias mineras.
   Fue así como el 28 de septiembre de 2016 presentó al diputado de la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Américo De Grazia, en el que afirma que el dinero que le incautaron era una encomienda de Fuentes Manzulli y que “…sería empleado para la compra de oro por Juan Gabriel Rivas Núñez, Juancho…”.
  Igualmente, relata que el general Fuentes Manzulli, aprovechaba su posición como mano derecha del entonces gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, para facilitar a los “pranes” o líderes de bandas criminales protección gubernamental y armamentos, además de encubrir a los delincuentes.
   En una entrevista telefónica que concedió desde Portugal, Jesús Leonardo Curvelo dijo que la referida, no fue la única operación irregular que realizó para Fuentes Manzulli. Contó que “la última remesa de dinero que intentó llevar al jefe del pranato en Las Claritas se frustró porque ‘no hubo coordinación’ entre los jefes militares destacados en los pueblos del sur del estado Bolívar”.
   Narró que cuando fue detenido, un sobrino de Cilia Flores, de nombre Eduardo Gámez Flores, quien es teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, lo llamó por teléfono para asegurarle que se encontraba “resolviendo el problema, mi problema. En verdad, yo creo que era un problema que se podía resolver fácilmente: un teniente, un carro del gobierno (…) Lo que pasó es que nunca se pusieron de acuerdo”.
  Curvelo sostiene que, además de dinero, “suministró armas de fuego a los jefes de las bandas criminales vinculadas con la minería. ‘No podría decir un número exacto. Hagan un registro de las armas que decomisan en los pueblos del sur y compárenlas con las que supuestamente han inutilizado. Vamos a darnos cuenta de que son las mismas, que es un reciclaje’, agregó. En el expediente del caso Curvelo no aparecen mencionados, ni siquiera referencialmente, el general Fuentes Manzulli o el teniente coronel Gámez Flores. Después de la huida del teniente del Ejército a Portugal, el asunto quedó en el olvido”[2].
 
El informe de Curvelo
   El 28 de septiembre de 2016, el primer teniente del ejército, Jesús Leonardo Curvelo, remitió al diputado Américo de Grazia, un informe denominado “Denuncias, testimonios y pruebas sobre actos irregulares en el estado Bolívar y en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana” en el que refirió la acción criminal de la entidad, la dotación y distribución de armas de fuego a los pueblos del sur, la vinculación de altos funcionarios del gobierno nacional y de la FANB en la compra y negociación de oro y diamantes[3].
   En su presentación, Curvelo refiere que egresó el 5 de julio de 2002, en la promoción “Cnel. Ermenegildo Mujica”. Es Licenciado en Administración de Empresas y al momento de su detención se encontraba en Comisión de Servicio en la Gobernación del Estado Bolívar. Tal comisión se extendió desde agosto de 2006 hasta febrero de 2016.
   Seguidamente, procede a hacer del conocimiento público una serie de situaciones de corrupción y acción criminal cometidos regionalmente en el estado Bolívar, así como nacionalmente y en los niveles jerárquicos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
   Aseguró que su integridad y su vida corría peligro, toda vez que era víctima de las acciones del entonces gobernador, Francisco Rangel Gómez, como de Julio César Fuentes Manzulli, quienes pretendían hacerlo responsables de las irregularidades y hechos de corrupción por ellos cometidas. Señaló a estos funcionarios de cometer una “corrupción desmedida, violando los derechos humanos del pueblo, de funcionarios y subalternos a su cargo sin importar que no existan basamentos legales para inculparme hechos que a su vez son empleados para apartarme de las filas militares”.
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