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Seis meses después de terminar su carrera judicial de más de tres décadas, luego de ser destituido e inhabilitado por once años al ordenar interceptaciones cuestionadas en el caso Gürtel, entramado de corrupción entre partidos políticos, Baltasar Garzón, el juez español que saltó a la fama mundial el 16 de octubre de 1998 tras ordenar la captura y prisión del exdictador chileno Augusto Pinochet, creó ILocad -Internacional Legal Office for Cooperation and Development.

Por Agencia de Periodismo Investigativo, API

Es un bufete de abogados que nació en junio de 2012 y que en sus primeros cinco años logró facturar 14 millones de Euros, según cifras del Registro Mercantíl de España. Un monto significativo al que hay que adicionarle lo obtenido el año pasado y el actual.

Tanto el abogado como su exitosa firma se publicitan  a través de sus medios digitales como defensores de la promoción de los derechos humanos, las causas imposibles y su experticio en tribunales internacionales.

Paradójicamente, Baltasar Garzón, hoy es el defensor de Alex Nain Saab Moran, un colombiano multimillonario, señalado de haber amasado una fortuna a costa del hambre de los venezolanos, entre otros, mediante los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, Claps, mecanismo oficial reglamentado en ese país para distribuir alimentos a los ciudadanos.

Además, según el indicment de la justicia de Estados Unidos, Alex Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas, fueron acusados de ocho cargos en el Distrito Sur de Florida por lavado de activos en transferencias de cerca de US$350 millones que ingresaron al sistema financiero de ese país provenientes de negocios diversos en Venezuela para la construcción de viviendas de bajos ingresos, entre otras actividades.

El jurista español apenas se recuperaba de Covid-19 cuando se vio abocado a asumir una defensa por la que algunos medios internacionales han detallado, pagó alrededor de US$4 millones.

Saab es señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, el gobernante venezolano de izquierda que una parte del mundo califica como régimen dictatorial. De hecho,  gobiernos de 54 países y tres estamentos internacionales como la Organización de Estados Americanos, OEA, el Grupo de Lima y el Parlamento Europeo no reconocen su legitimidad, a cambio proclaman a Juan Guaidó como presidente encargado.

En este contexto, la estrategia de defensa de Ia firma ILocad está enfocada en demostrar que la captura, solicitud de extradición y proceso judicial de Estados Unidos en contra de Saab es un asunto político y no jurídico.   Y con un argumento adicional, la República de Cabo Verde reconoce a Nicolás Maduro como mandatario de Venezuela. De ahí la permanencia de Alejandro Correa Ortega como embajador de ese país en Cabo Verde y Senegal.

El pasado 12 de junio, cuando Saab fue capturado en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral en la isla de Sal, Correa advirtió que el empresario colombiano era un “enviado especial” de Venezuela con inmunidad diplomática y por ello su proceso era una violación al derecho internacional, de soberanía y no de injerencia en asuntos internos de otro país.

A su vez la firma ILocad en un comunicado advirtió: “Muchas de las acciones judiciales en Estados Unidos están condicionadas por los intereses políticos y diplomáticos del Ejecutivo, motivo por el cual se están instrumentalizando para presionar a Venezuela en el plano político internacional”.

Una circunstancia que marcó el derrotero jurídico de Garzón y su equipo; acudirá a todos los tratados, convenciones y protocolos de Derechos Humanos firmados y ratificados por la República de Cabo Verde.

Este país insular anclado en el Océano Atlántico y ubicado en el extremo occidental de África, desde la instauración del sistema multipartidista y semipresidencialista de 1991, es considerada la nación más democrática de África y la número 23 en el mundo, según The Economist que publica periódicamente el índice de democracia internacional.

Una condición que va de la mano con su postura en derechos humanos. La República de Cabo Verde ha firmado y ratificado once instrumentos internacionales de garantía y protección de derechos humanos.

Precisamente, este entramado normativo, parece ser el as bajo la manga del exjuez español Baltazar Garzón y su firma ILocad para evitar la extradición de Saab a territorio estadounidense.

Una baraja de opciones del derecho con cartas como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles  y Políticos; la Convención Contra La Tortura y  Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros instrumentos de derechos humanos.

A través de José Manuel Pinto Monteiro, quien dirige el equipo de Garzón en Cabo Verde, reiteró a la prensa internacional que llevará a cabo el proceso impugnando la detención preventiva con el propósito de extradición decretada por las autoridades de ese país, ante ese tribunal con sede en La Haya (Países Bajos), además de la ONU y la Unión Africana.

No es un tema menor si se tiene en cuenta que ILocad se autodefine como un despacho de abogados moderno, novedoso y distinto que, “crece en torno a la figura de Baltazar Garzón, una persona que ha sido juez instructor y que por ello dispone de una visión estratégica de la defensa”.

Así mismo, la firma promociona sus servicios jurídicos y defensa en las áreas penal, civil, mercantil y administrativo, “(…) así como asuntos relacionados con reclamaciones en organismos de derechos humanos y tribunales internacionales, resolución de conflictos y arbitrajes, coordinando así defensas complejas que suponen actuaciones en varios países y diferentes instancias”.

De esta manera, uno de los experticios del exjuez Garzón son los tribunales internacionales. Un hecho que se desprende de su experiencia y de sus posturas.

 

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