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Las acusaciones de Estados Unidos contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro por sus vinculaciones con el delito internacional podrían anticipar la designación de fuerzas militares y policiales de Venezuela como terroristas, según expertos.

Mike Pompeo, secretario de Estado, incluyó este miércoles en su reporte anual sobre la lucha antiterrorista acusaciones contra el madurismo y sus socios de utilizar el crimen como mecanismo para mantenerse en el poder.

El funcionario culpa en su informe al madurismo de facilitar un “ambiente permisivo” para que agrupaciones terroristas conocidas, como los “disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional colombiano y simpatizantes de Hezbolá”, controlen operaciones financieras ilícitas en Venezuela.

Diego Area, del centro de pensamiento Atlantic Council, anticipa tres grandes opciones de Estados Unidos para presionar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en el futuro inmediato tras las conclusiones del secretario de Estado sobre el terrorismo global.

El primer paso contemplaría la designación del ejecutivo madurista como un Estado promotor del terrorismo, como ocurrió con Siria e Irán, pero Area, experto en asuntos venezolanos, no cree probable esa alternativa.

“El problema es que Estados Unidos no reconoce al gobierno de Maduro como un gobierno legítimo. Por ende, no lo puede designar como un Estado promotor del terrorismo”, expresa en conversación con la Voz de América.

Otro paso sería apostar por designar como organizaciones terroristas internacionales a fuerzas policiales y militares vinculadas al madurismo, como los servicios de inteligencia venezolanos del Sebin y la Dgcim.

Las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana también están incluidas constantemente en la lista de organismos oficiales que sistemáticamente violan los derechos humanos de los venezolanos. Las Naciones Unidas, incluso, exigieron su disolución al gobierno en disputa de Maduro en 2019.

“Han perpetrado sistemáticas violaciones de derechos humanos y son grupos con relaciones con el ELN y disidentes de las FARC”, comenta Area.

El experto señala una tercera opción para Estados Unidos ante Venezuela en la lucha antiterrorista: que el presidente Donald Trump ejerza los poderes especiales otorgados a su cargo por la orden ejecutiva 13224, firmada en septiembre de 2001 por el exmandatario George W. Bush, tras los atentados a las Torres Gemelas.

Area explica que Trump podría designar unilateralmente a organizaciones terroristas en Venezuela.

El conflicto venezolano, dice, es una de las aristas primordiales de la campaña presidencial en Estados Unidos y ello, a su entender, podría arar el camino para una acción de esta naturaleza antes de las elecciones de noviembre.

Douglas Farah, experto en seguridad y en crimen organizado transnacional, opina que el reporte de Pompeo endurece el discurso antiterrorista contra Venezuela y simboliza nuevos argumentos de peso para penalizar al madurismo como un “régimen criminalizado”.

“Estados Unidos está escalando su presión al régimen. Es fácilmente comprobable que FARC y ELN operan en Venezuela y que Hebzolá tiene una presencia elevada, que va creciendo”, expresa en conversación con la VOA.

Farah, presidente de la firma IBI Consultants, razona que sería relativamente sencillo comprobar las vinculaciones del madurismo con las FARC, el ELN o el Hezbolá.

Recuerda que las organizaciones mencionadas en el apéndice de Venezuela ya han sido designadas como grupos terroristas y son consideradas como tales en la región.

Espera un escenario político “muy duro” a lo interno de Venezuela en el futuro, particularmente por el deterioro de la figura de Juan Guaidó como presidente interino.

“Ha perdido impulso. La gente está un poco decepcionada e impaciente. No sé si Guaidó va a poder aprovechar este momento”, expone.

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