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La organización criminal internacional de lavado de dinero presuntamente dirigida por Gorrín se llevó a cabo durante un período de extrema dificultad económica para los venezolanos comunes, que han luchado para cubrir las necesidades básicas, como vivienda y alimentos.

Venezuela Política | Maibort Petit

El dueño del canal de televisión venezolano Globovisión, Raúl Belisario Gorrín, está acusado en más de tres diferentes casos criminales que cursan en los tribunales federales de los Estados Unidos, según se confirma en una nota de acción relacionada que fue enviada por la fiscal estadounidense, Ariana Fajardo Orshan, en conjunto con el fiscal asistente, Michael B. Nalder, a la corte del Distrito Sur del estado de la Florida. En el oficio se hace referencia que Gorrín —quien fue calificado como prófugo de la justicia norteamericana— está vinculado a los siguientes casos 17-CR-20883 y 18-cr-80054, que estuvieron a cargo de la jueza Robin Lee Rosenberg.

Los fiscales basan la solicitud en base a la regla 3.8 de la ley del estado de la Florida que establece las normas para la transferencia de acciones penales con similares procedimientos.

La regla señala que los abogados de las partes deben notificar, según se describe en la Sección 2.15.00 de los Procedimientos Operativos Internos del Tribunal, cuando existen acciones o procedimientos similares pendientes ante otro tribunal o agencia administrativa del gobierno. Dicha notificación se entregará presentando ante el Tribunal y entregando una «Notificación de Acciones pendientes, archivadas, relacionadas o similares», que contiene una lista y una descripción de las mismas suficiente para su identificación.

Una parte de la amplia actividad criminal de Raúl Gorrín fue descrita por el gobierno de los Estados Unidos en el expediente de acusación 18-CR-80160 —presentado  el 16 de agosto de 2018 en el Distrito Sur de Florida—con un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero más otros nueve cargos relacionados con delitos de lavado de dinero internacional.

El caso de Raúl Gorrín fue asignado al juez federal de distrito William P. Dimitrouleas del distrito sur de Florida.

La acusación formal alega que Raúl Gorrín, supuesto ‘empresario’ venezolano que se hizo millonario durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro,  pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluido el ex tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, para garantizar los derechos de realizar transacciones de cambio de divisas a tasas favorables para el gobierno venezolano.

Además de transferir dinero a/y para los funcionarios, Raúl Gorrín supuestamente compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda, dicen los documentos federales.

Para ocultar los pagos de sobornos, Gorrín realizó pagos a través de múltiples compañías fantasmas.

La acusación formal acusa a Raúl Gorrín de conspirar para sobornar a funcionarios venezolanos y cometer lavado de dinero al ocultar los fondos malversados del gobierno en el sur de Florida y Nueva York durante la última década.

Inicialmente, la investigación estadounidense contra Gorrín se centró en Alejandro Andrade, el ex tesorero venezolano Alejandro Andrade cuyo expediente criminal esel número 9:17-CR-80242.

Los fiscales federales sostiene que Gorrín estuvo directamente vinculado con el esquema criminal de Alejandro Andrade Cedeño, ex residente de Wellington, Florida y ex tesorero nacional venezolano, quien se declaró culpable bajo sello el 22 de diciembre de 2017 ante la juez federal de distrito Robin L. Rosenberg del Distrito Sur de Florida. Andrade asumió la culpabilidad del cargo de  conspiración para cometer lavado de dinero. Fue sentenciado a 10 años de cárcel y actualmente se encuentra pagando condena en una cárcel ubicada en el centro de la Florida.

Como parte de su declaración de culpabilidad, Alejandro Andrade admitió que recibió más de $ 1 mil millones en sobornos de Raúl Gorrín y otros co-conspiradores (cuyos nombres aún no han sido revelados por la justicia de Estados Unidos), a cambio de usar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda para el gobierno venezolano.

Como parte de su acuerdo de declaración de culpabilidad, Andrade acordó entregar a la justicia norteamericana  $ 1 mil millones de dólares y todos los activos involucrados en el esquema de corrupción, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias.

El caso contra Andrade había sido sellado en enero de 2019 por la jueza Rosenberg en West Palm Beach para mantener protegido al extesorero de Hugo Chávez mientras cooperaba con los fiscales federales y agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional en su investigación de Gorrín y otros, de acuerdo a los registros judiciales muestran.

Rosenberg señaló en su orden de sellado que «revelar el nombre del acusado y la existencia de estos cargos presentados podría presentar un peligro claro y presente para el acusado y sus familiares».

Andrade, Gorrín y otros asociados en los sectores del gobierno, la banca y los negocios de Venezuela están acusados de enriquecerse capitalizando intercambios favorables de divisas y ocultando sus enormes ganancias en cuentas e inversiones bancarias europeas y estadounidenses, según la acusación.

Andrade utilizó su posición oficial para dar a Gorrín acceso a los tipos de cambio preferidos por el gobierno para maximizar las ganancias en sus transacciones de divisas.

El caso de Gabriel Arturo Jiménez (Expediente 9:18-CR-80054)

El nombre de Raúl Gorrín aparece asociado en la acusación contra Gabriel Arturo Jiménez Aray, un venezolano ex-reside de Chicago, Illinois, expropietario del banco Banco Peravia, quien se declaró culpable bajo sello el 20 de marzo de 2018 en el Distrito Sur de Florida ante el juez Rosenberg por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

Como parte de su declaración de culpabilidad, Jiménez admitió que, como parte del plan, conspiró con Raúl Gorrín y otros para adquirir Banco Peravia, a través del cual ayudó a lavar dinero del soborno y los ingresos del plan.

El hijo del ex banquero, Gabriel Jiménez, es muy cercano al actual gobernante Nicolás Maduro y se le considera “la mente maestra” detrás del Petro, la criptomoneda venezolana sancionada por Estados Unidos, según reveló el diario estadounidense El Nuevo Herald (1).

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