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Los funcionarios de Hacienda aconsejan a la Fiscalía del Tribunal Supremo que “se blinde” frente a posibles “injerencias” externas a la hora de investigar al rey emérito. En un sorprendente comunicado que pone de manifiesto la situación de tensión que se vive en la Justicia a raíz de la apertura de la histórica investigación sobre las cuentas y el patrimonio oculto del exmonarca, los técnicos del Ministerio de Hacienda asociados al sindicato Gestha plantean a la Fiscalía del Alto Tribunal que nombre a un número suficiente de peritos, técnicos e inspectores de Hacienda para que no se eternice la investigación, evitándose así la prescripción de los delitos que podrían haberse cometido. Los inspectores de Gestha alertan además de que se deben tomar todas las medidas “para impedir que la Agencia Tributaria (AEAT) pueda corregir los informes previamente elaborados, como ha podido ocurrir en otras ocasiones al ser nombrados en auxilio judicial”.

La denuncia de Gestha, difundida hace unos días por las agencias de noticias, pone al descubierto una situación extremadamente grave por varias razones. Por un lado, los técnicos de Hacienda están advirtiendo de que los fiscales asignados al caso de las supuestas comisiones generadas en la construcción del AVE a la Meca pueden sufrir “presiones” de poderes externos para que no se llegue al fondo del asunto, es decir, para que no se indague demasiado en las presuntas cuentas, fundaciones y posibles testaferros de Juan Carlos I en paraísos fiscales como Suiza y Panamá. Por otra parte, la alerta de Gestha vaticina que el procedimiento judicial podría ser dilatado al extremo y de forma deliberada para que el tiempo vaya pasando y finalmente el caso se cierre en falso por prescripción de los delitos, una práctica habitual cuando se trata de sonados casos de corrupción.

La amenaza de injerencias externas no es una mera especulación teórica, como prueba el hecho de que Gestha ha solicitado al director de la Agencia Tributaria (AEAT) que él o cualquier otro cargo público de designación política se abstengan de realizar el nombramiento último de los peritos, conforme al rechazo que los Jueces Decanos de España manifestaron en diciembre de 2013. El sindicato considera además que Hacienda “tiene el deber inexcusable de investigar al rey emérito, como haría con cualquier otro contribuyente” tras haberse hecho públicas las investigaciones de la Fiscalía suiza sobre Juan Carlos I y el histórico comunicado de Zarzuela del pasado 16 de marzo, en el que el propio Felipe VI reconoce la existencia de cuentas en Suiza y sociedades offshore vinculadas a su padre, como Fundación Zagatka y Fundación Lucum, por lo que el rey decidió renunciar a la futura herencia de su predecesor en la Jefatura del Estado, al tiempo que le retiró la asignación de 200.000 euros anuales con cargo a los Presupuestos Generales.

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