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El senador Álvaro Uribe, Bancóldex y la DEA le pidieron a la Fiscalía que le siguiera la pista al empresario barranquillero, recién detenido en Cabo Verde y pedido en extradición por EE. UU. Detalles del escrito con el que el ente investigador lo llamó a juicio por lavado de activos.

El origen de la investigación que abrió la Fiscalía colombiana contra Álex Saab, quien hace unos días fue detenido en Cabo Verde (África), tiene nombre y apellido: Álvaro Uribe Vélez. De acuerdo con el ente investigativo, cuando Saab era tan solo un reputado empresario —hoy lo señala Estados Unidos de ser testaferro del régimen de Nicolás Maduro—, al correo electrónico del expresidente Uribe comenzó a llegar información sobre posibles importaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela con Saab y su empresa Fondo Global de Construcciones de por medio. Uribe la remitió a las autoridades y con ella, en 2013, arrancó todo, reseñó El Espectador.

Esa es la génesis, hasta ahora inédita, de esta historia judicial con tintes políticos. La acusación, un documento de 38 páginas conocido por El Espectador, deja ver que por años las autoridades han seguido de cerca los negocios de Álex Saab, el contratista estrella del gobierno de Maduro. Tras su captura el pasado 12 de junio, la vicefiscal Martha Mancera dio a conocer que, en diciembre de 2019, el ente investigador llamó a juicio a Saab por tres delitos, incluido el de lavado de activos. Del escrito donde yacen los pormenores del caso queda claro también algo: que a la Fiscalía le tomó seis años documentar las posibles jugadas de Saab para mover dinero ilícitamente.

Según el documento, los correos que recibió el senador Uribe indicaban que Fondo Global de Construcciones, la cual proveía materiales de construcción a Venezuela, “podría ser una de las lavadoras de dinero de las Farc”. Para entonces, la Fiscalía colombiana ya estaba familiarizada con Saab, pues el Banco de Comercio Exterior (Bancóldex) lo había denunciado por estafa unos años atrás. El escrito de Bancóldex aseguraba que, en 2009, el empresario realizó una movida para engañar a la entidad y cobrar el dinero de una factura mintiendo “sobre la veracidad de la operación”.

Nueve años más tarde, en enero de 2017, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), remitió un informe a la Fiscalía en el que advertía que Saab estaba incurso en “investigaciones por presuntas irregularidades de comercio exterior hacia Venezuela”. En el documento se reseñaban artículos de prensa y, de paso, la UIAF les puso el ojo a las operaciones de una empresa de la que el barranquillero era representante legal, accionista y miembro de la junta directiva: Shatex. Al parecer, a través de esta y otras a su nombre, logró mover más de USD$135 millones haciéndolos pasar por importaciones y exportaciones que habrían sido ficticias.

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