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Las acciones del Gobierno del presidente Donald Trump contra Nicolás Maduro tuvieron una considerable escalada, al acusarlo en marzo –junto a varios de sus colaboradores– de convertir al Estado de Venezuela en una empresa criminal al servicio de narcotraficantes y grupos terroristas.

Al anunciar las acusaciones formales, empatadas con un ofrecimiento de $15 millones de recompensa contra Maduro, el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, enfatizó que Maduro no es líder de Venezuela.

“El régimen venezolano, una vez dirigido por Nicolás Maduro Moros, sigue plagado de criminalidad y corrupción”, dijo Barr en conferencia de prensa. “Durante más de 20 años, Maduro y varios de sus colegas de alto rango presuntamente conspiraron con las FARC, causando la entrada de toneladas de cocaína y devastando las comunidades estadounidenses”.

“Estimamos que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína fueron sacadas de Venezuela por estas rutas. Esas 250 toneladas métricas equivalen a 30 millones de dosis letales”, declaró el Departamento de Justicia.

La decisión de la Administración Trump, apuntó Barr, buscará terminar con la corrupción en Venezuela, el cual beneficia a unos cuantos, por lo que las autoridades estadounidenses impedirán utilizar bancos en esta nación para sus transacciones.

“Hoy anunciamos cargos penales contra Nicolás Maduro Moros por dirigir, junto con sus principales lugartenientes, una asociación de narcotráfico con las FARC durante los últimos 20 años”, agregó el fiscal federal Geoffrey S. Berman en marzo desde Nueva York.

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