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El destino de miles de millones de dólares escondidos en cuentas bancarias, propiedades de lujo y autos exóticos, de funcionarios venezolanos condenados y sus amigos testaferros de negocios, se ha enredado en una colosal batalla legal en la corte federal de Miami, que tiene por un lado a la oposición venezolana, encarnada en el gobierno interino de Juan Guaidó, que lucha por recuperar grandes sumas de dinero robadas por altos funcionarios del régimen de Maduro mediante sobornos y esquemas financieros hechos en PDVSA.

Mientras que por el otro lado, está el gobierno de Estados Unidos, el cual se niega a entregar los activos incautados a las docenas de acusados de saquear PDVSA y ocultar el dinero en cuentas bancarias estadounidenses y europeas, mientras que Maduro permanezca en Miraflores.

Además, las negociaciones secretas entre el Departamento de Justicia y los representantes del gobierno interino venezolano, sobre cómo distribuir el dinero saqueado a PDVSA han fracasado: «No parece que tal acuerdo esté a punto de concretarse en este momento», admitieron los abogados en una reciente presentación judicial, según nota del Miami Herald.

La falta de avances y progreso ha aumentado la importancia de un caso extraordinario de corrupción que podría tener repercusiones para el futuro de los fondos gubernamentales malversados en Venezuela.

«Si no se han gastado todo en Ferraris y bienes raíces, estamos hablando de miles de millones de dólares en juego», dijo Russel Dallen, abogado y gerente de inversiones de empresas en el sur de la Florida y en Caracas, que ha seguido la serie de procesos de lavado de dinero de Venezuela en Miami y Houston, aclarando que «todo el dinero fue robado de PDVSA».

En estos grandes casos que se deliberan en Miami, se acusa a funcionarios de PDVSA, empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro y a otros asociados, de convertir un préstamo de 40 millones de dólares realizado a la estatal petrolera, en una ganancia inesperada de 600 millones de dólares entre 2014 y 2015 a través de un sistema de cambio favorable de divisas, que sólo estuvo disponible para las personas con contactos, información política, o como coloquialmente se les llama en Venezuela, «enchufados», por su capacidad de mantenerse conectados en todos los negocios que fluyen en régimen narco corrupto de Maduro y compañía.

De los nueve acusados en el caso, tres se han declarado culpables, incluyendo a Abraham Edgardo Ortega, ex director ejecutivo de planificación de PDVSA, quien admitió haberse embolsado 12 millones de dólares en sobornos para ayudar a las empresas de maletín a recibir préstamos falsos de PDVSA y que éstos pudieran ser reembolsados a través del sistema de cambio de divisas indicado por el gobierno.

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