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13 de Julio 2005

Una vez más, la Corte Suprema de Justicia –específicamente la Sala Tercera– genera polémica. En esta ocasión se trata de un caso que tiene como protagonista a Jean Figali, un miembro del círculo de amistades de la ex presidenta de la República Mireya Moscoso.

El empresario y concesionario de terrenos bien ubicados en Amador –a quien se le concedió un pasaporte diplomático durante el gobierno de Moscoso– obtuvo de la Sala Tercera de la Corte, y con la ponencia del magistrado Winston Spadafora, la “suspensión inmediata de los efectos de la Nota ARI-AG-4491-2004 de 1 de diciembre de 2004, emitida por la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI)”.

Mediante el fallo del 22 de junio – objetado por el magistrado Adán Arnulfo Arjona– se pretende dejar sin efecto la decisión de la ARI de mantener la vigencia de la deuda del Grupo F. Internacional con la institución y que hasta el 30 de noviembre de 2004 superaba los 2 millones de dólares.

Figali había solicitado a la ARI la “equiparación” del arrendamiento con otras áreas de Amador, con el objetivo de obtener un rebaja en el precio pactado originalmente.

Como respuesta a su petición, la ARI propuso una fórmula gradual de pago para la cancelación de la morosidad que determinó mantener, independientemente de que la institución accediera o no a su petición de “equiparación”.

Así, la nota que luego fue recurrida por Figali ante la Sala Tercera de la Corte determinó que “la equiparación no opera de manera retroactiva y, por lo tanto, su deuda ante la ARI se mantiene”.

Las relaciones de Figali con la pasada administración le permitieron la organización del concurso de belleza Miss Universo 2003 en el Figali Convention Center de Amador.

Allí mismo, pero hace solo dos meses –el 29 de abril–, se llevó a cabo la pelea de campeonato mundial mini mosca. Esa noche, en la que triunfó el panameño Roberto La Araña Vásquez, el empresario Figali compartió su mesa con el ponente del caso, el magistrado Winston Spadafora.

5 de enero de 2006

Las tablas de salvación no son gratis y, como en todo negocio, son rentables cuando hay clientela. Es decir, ciudadanos excluidos, pobres, desesperados que son capaces de confiar su suerte y su futuro a un líquido mágico, a un sermón reconfortante o a milagros por libra siempre que eso les tranquilice el alma adolorida.

Por eso, porque una buena parte de Panamá está excluido del desarrollo y de la calidad de vida, es que hemos visto florecer pseudoiglesias o religiones prêt á- porter que se enriquecen al mismo tiempo que las almas descarriadas, pobres o, simplemente, tristes entran a sus templos convertidos en centros comerciales de la salvación.

La situación es grave y el Gobierno debe ejercer su función fiscalizadora porque, al igual que el juego en los casinos, actividades en teoría inocuas pueden convertirse en un problema de salud pública y de estafa encubierta. Debemos saber a dónde van los recursos de estos megatemplos, debemos conocer el verdadero recorrido de las teóricas donaciones voluntarias y el estatus de muchos de sus pastores. Si en realidad son religiones legítimas, no tendrán miedo a la verdad.

6 de octubre de 2006

FIASCO. Aquí ya hemos dicho lo inadecuado que son las instalaciones del Figali Convention. En el concierto de Marc Anthony, el Figali volvió a hacer gala de incomodidad: largas filas, sonido inadecuado, robo de asientos, visibilidad nula para buena parte de la concurrencia… un fiasco en su organización. El broche de oro fue el balazo que acabó, 40 minutos después de que cayera el telón, con la vida de un socio de David Viteri -su hermano, por cierto, estaba en el concierto, lo mismo que la Primera Dama y el alcalde Navarro-, para horror de los que estaban en el “tranque” que se formó a la salida. Lástima que la ampliación no incluye a ese tramo de Amador.

30 de noviembre de 2006

Grupo F Internacional continúa realizando trabajos de relleno en la Calzada de Amador, pese a que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ordenó la inmediata suspensión de estas obras desde el pasado 26 de octubre, hasta que la empresa “cumpliera con una serie de documentos y permisos correspondientes”.

El 26 de octubre, el segundo vicepresidente y administrador de la AMP, Rubén Arosemena, escribió una carta a Jean Figali, representante legal de Grupo F, en la que le solicita detener las obras y remover “de forma inmediata” el relleno hasta ahora realizado.

En vista de que Figali hizo caso omiso al pedido de Arosemena, el secretario general de la AMP, Carlos González de la Lastra, solicitó la semana pasada a la ministra de Gobierno y Justicia, Olga Gólcher, la “cooperación de los estamentos de seguridad” para ejecutar la orden de suspensión.

Figali reaccionó presentando una querella por abuso de autoridad contra González, y un recurso de reconsideración que suspendió temporalmente la orden de Arosemena.

El representante de Grupo F alega contar con permisos para construir una marina, expedidos en 2003, cuando Bertilda García era la administradora de la AMP. “Cuando cambió el gobierno [en 2004], cambiaron las reglas y empezaron las coimas y los chantajes”, se quejó Figali, quien sostiene que existe una “persecución política” para arrebatarle su concesión.

Arosemena replicó que en la AMP no hay constancia de permisos a favor de Grupo F.

“El permiso que él tiene es de la ARI. Acá [en la AMP] no tiene nada”, indicó. El administrador emplazó a Figali a que presente los permisos que dice tener en su poder.

Grupo F obtuvo de la extinta ARI (Autoridad de la Región Interoceánica) la concesión de cuatro parcelas en Amador. En una de ellas —la número 6—, pretende hacer una marina, pese a que se le advirtió que con ello ponía en peligro los cables submarinos de Global Crossing. El contrato de la parcela 6 fue rescindido por el ex administrador de la ARI Julio Ross, pero un fallo de Jacinto Cárdenas —suplente del magistrado Winston Spadafora— desautorizó a Ross, en marzo de 2005.

Spadafora, a su vez, suspendió en junio de 2005 una acción de cobro contra el Grupo F, a quien la ARI reclamaba 3.6 millones de dólares en arriendos e infraestructura.

Jean Figali, representante legal de Grupo F Internacional, manifestó haber presentado ante la Policía Técnica Judicial una querella penal contra el secretario general de la Autoridad Marítima de Panamá, Carlos Ernesto González de la Lastra, por “abuso de autoridad”.

La queja surgió luego de que González le solicitara a la ministra de Gobierno y Justicia, Olga Gólcher, su cooperación para hacer efectiva una suspensión del relleno que Grupo F realiza en Amador.

Figali advirtió que demandará a todos aquellos funcionarios que él considere que actúan fuera de la ley. Para ello, instruirá “a los 189 abogados” que dice tener en Panamá. Al respecto, adelantó que prepara acciones contra personal de la Dirección de Catastro.

La orden de suspender el relleno es el último eslabón de una cadena de incidentes en los que se ha visto envuelto Grupo F.

Al grupo se le ha llamado la atención por ocasionar daños a una tubería madre que suministra agua, por realizar demoliciones sin autorización, por apropiarse de terrenos que están fuera de su concesión y por poner en peligro cables submarinos de fibra óptica, mientras hacía los dragados para construir la marina en Amador.

25 de diciembre de 2006

‘FREE WILLY’. Como se recordará, la AMP negó un recurso presentado por Grupo F. —de Jean Figali— contra una orden para suspender la construcción de una marina en Amador y retirar el relleno. A pesar de muchos intentos, Figali y sus abogados parecían haberse sumergido a profundidades que estaban fuera del alcance de los notificadores de la AMP. Pero el viernes, por coincidencia, había una reunión interinstitucional para tratar varios de los tristemente célebres casos de Figali, en la que estaba el abogado de éste, el popular Guillermo Cochez. La oportunidad fue aprovechada por los funcionarios marítimos para notificarlo de la decisión. Dicen que Cochez, de la sorpresa, casi pierde su color verde.

3 de enero de 2007

Grupo F., propiedad de Jean Figali, defendió su marina en Amador, alegando que un fallo del magistrado Winston Spadafora permite las obras.

El abogado de Grupo F., José Carrillo, se refiere a una resolución de 25 de julio de 2006 de la Corte, que, bajo la ponencia de Spadafora, invalidó una orden de suspensión de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales.

El administrador de la Autoridad Marítima, Rubén Arosemena, dijo desconocer estos argumentos, contenidos en un recurso presentado el viernes a la directiva de la Autoridad.

Tal parece que Grupo F. no tiene intención de suspender la construcción de su marina en Amador, como le ordenó la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) hace más de dos meses. Y para ello, se ampara en una resolución de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que el 25 de julio de 2006 suspendió los efectos de una orden similar, pero de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales.

De acuerdo con José Gabriel Carrillo, abogado de Grupo F., la resolución de la Corte Suprema de Justicia —cuyo ponente fue el magistrado Winston Spadafora— permite la continuación de las obras de relleno, “mientras se decide el fondo del asunto”.

Los señalamientos de Carrillo están contenidos en un recurso de apelación que Grupo F. presentó a la junta directiva de la AMP —presidida por Ricaurte Vásquez—, en contra de la orden de su administrador, el vicepresidente de la República, Rubén Arosemena, de suspender la construcción y retirar el relleno existente hasta ahora.

Carrillo manifestó además que es falso que su cliente no tiene planos aprobados por la AMP —como alega Arosemena—, y como prueba de ello entregó copias de memorandos internos que en 2001 se cursaron Jaime Quintero y Tibero Rodríguez, a la sazón, funcionarios de los departamentos de Concesiones y de Puertos de la Autoridad, respectivamente. En ellos, “se aprueba el polígono de mensura y el plano de anteproyecto”.

El abogado dijo no entender por qué estos memorandos no están en los archivos de la institución. “Pareciera que funcionarios de la AMP, antes del 1 de septiembre de 2004, se dieron a la irresponsable tarea de desaparecer documentos de este expediente, incluyendo los planos aprobados”, añadió.

Carrillo tampoco sabe por qué a otros concesionarios de Amador —entre los que cita a Fuerte Amador Resort & Marina, Brisas de Amador, Agroganadera Santa Fe y Naos Islands Development—, sí pudieron iniciar los rellenos de sus respectivas marinas, sin que para ello hubiesen presentado planos finales —sino meros anteproyectos— a la AMP.

No es la primera vez que un fallo de la Corte beneficia a Grupo F. En marzo de 2005, el suplente de Spadafora, Jacinto Cárdenas, suspendió una resolución del entonces administrador de la extinta Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), Julio Ross, que rescindía un contrato que daba a Figali la concesión de la parcela 6, en Amador. Luego, en junio de ese mismo año, un fallo de Spadafora suspendió una acción de cobro de la ARI a F., que entonces debía 3.6 millones de dólares en arriendos.

Guillermo Cochez, también abogado de Jean Figali, indicó que el 15 de enero se celebrará una reunión interinstitucional para tratar la mora de Grupo F.

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