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Francisco Covit se ha visto involucrado en turbias negociaciones relacionadas con el mundo del hipismo en el que incursionaría en razón de que su esposa, Patricia Ferrando, formaba parte de la selección nacional de equitación, entretanto él y los hermanos Carlos Luis y José Antonio Uzcátegui,

Además de otros dos socios, compraron en mayo de 2015, un potro de carreras de nombre Glory or Nothing, por USD 2 millones en una subasta realizada en Saratoga, Nueva York.

Este grupo es dueño del consorcio El Capi Racing, con sede en Florida, Estados Unidos, dedicado a la carrera de caballos y a través de esta empresa compraron por USD 400 mil otra potranca de la misma raza.

Se conoció por fuentes del caso, que Francisco Convit junto al director del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) de La Rinconada, Antonio “El Potro” Álvarez, hacen buenos negocios en Venezuela. Por eso estaría en el país donde fue capturado saliendo del principal aeropuerto de Venezuela.

Se dice que se valieron de una empresa a la que se le había otorgado una concesión a dedo en contra los intereses de la república, la cual era dirigida por José Ángel Silva, pero en una nueva sociedad con Francisco Convit, el Potro Alvares y las autoridades del INH.

Presentaron la propuesta ante la Vicepresidencia Ejecutiva de la República y sobre el asunto se habrían realizado varias reuniones en tiempos en que Aristóbulo Istúriz ocupaba en despacho de Carmelitas.

Actualmente el Potro Alvarez se hizo del negocio del hipódromo La Rinconada donde nada se realiza sin su aprobación.. Según algunos propietarios el Potro maneja los potros que van a ganar y toda la mafia que involucra este sucio negocio de las carreras de caballos en Venezuela y el mundo…

Francisco Convit Guruceaga, declarado prófugo de los justicia de los Estados Unidos, nieto de uno de los científicos más prominentes de Venezuela -Jacinto Convit- es señalado además de sus socios en Derwick Associates de ser responsable de la crisis eléctrica venezolana.

Supuestamente lideró una red que lavó 1,2 millardos de dólares provenientes de la corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Datos personales e información general

De acuerdo con el portal Dateas, Francisco Antonio Convit Guruceaga nació el 23 de junio de 1978 y se le ubica en la parroquia Chacao, municipio Chacao, estado Miranda.

Ejerce su derecho al sufragio en la Unidad Educativa Básica Municipal Juan de Dios Guanche, parroquia Chacao, municipio Chacao, estado Miranda. Francisco Convit Guruceaga es nieto del científico venezolano Jacinto Convit.

Está casado con Patricia Ferrando, boda que se celebró en Venecia en el año 2008 y a la que asistió el príncipe Luis Alfonso de Borbón y María Margarita Vargas de Santaella. La hija de la pareja integró el cortejo nupcial de Convit y Ferrando.

Esa misma página informa que Convit Guruceaga es accionista de Derwick Associates, empresa altamente cuestionada por, presuntamente, haber obtenido contratos con empresas estatales venezolanas para gestionar el sector energético aun cuando no contaba la experiencia ni el capital y por exhibir muy poca transparencia en la obtención de dichos contratos.

Junto con sus socios en esta empresa, es conocido como uno de los «bolichicos», denominación acuñada por el periodista, Juan Carlos Zapata, para referirse a un grupo de jóvenes residentes de la urbanización La Lagunita, ex estudiantes en su mayoría del Colegio Cumbres, cuyas edades promediaban menos de 31 años cuando procedieron a conformar la compañía que firmó el primer contrato con la Electricidad de Caracas, presidida entonces por Javier Alvarado.

Este último es el padre de Javier Andrés Alvarado Pardi, excondisípulo de Pedro Trebbau —uno de sus socios en la empresa— y esta relación le habría servido de conexión con quien en mayo de 2007 asumió la presidencia de la Electricidad de Caracas y desde esa posición habría facilitado las negociaciones para las cuales carecían de todo aval. Derwick habría nacido —se afirma— sólo para obtener los contratos sin que mediara licitación alguna.

Dicen que Convit se desempeñó en ProEnergy desde marzo de 2008 hasta 2013 y refiere que en mayo de 2015, junto a los “hermanos Carlos Luis y José Antonio Uzcátegui y otros dos socios compraron un potro de carreras por dos millones de dólares en un subasta realizada en Saratoga, Nueva York.

La esposa de Convit pertenece a la selección nacional de equitación. Los cinco socios son dueños del consorcio El Capi Racing, residenciado en Florida y dedicado a la carrera de caballos, a través de esta empresa realizaron además otra operación por la cual pagaron 400 mil dólares por otra potranca de la misma raza”.

Director de Derwick

Derwick Associates, la empresa de la que Francisco Convit Guruceaga es accionista y en la que funge como director, fue una compañía registrada inicialmente en Panamá el 2 de abril de 2003 por un contador panameño y su secretaria, quienes posteriormente la vendieron al mejor postor.

Luego de ser adquirida en 2008 por Leopoldo Alejandro Betancourt, Pedro Trebbau y el propio Convit Guruceaga, la firma se registró también en Barbados, Venezuela, España y, finalmente, en Estados Unidos.

Cuentan de que el acta constitutiva de Derwick Associates data del 28 de octubre de 2009 cuando fue asentada su creación en el Registro Primero del Distrito Capital y estado Miranda, en el tomo N°232-A, una fecha que igualmente proporciona Leopoldo Alejandro Betancourt en su página web como inicio de actividades de la compañía[4].

En junio de 2008 la firma se registró en Barbados como Derwick Associates Corporation, mientras que en diciembre de 2010 se oficializó en Estados Unidos como Derwick Associates y en enero de 2011 en España con el nombre de Derwick Associates International SRL.

Derwick Associates Corp es una empresa que “proporciona servicios de energía integral. La compañía ofrece soluciones que van desde el suministro de equipos para plantas de energía hasta la instalación de plantas de energía.

Derwick Associates sirve a clientes en Venezuela”. Se indica como dirección la Avenida Francisco de Miranda con 4ta Avenida de Campo Alegre, Caracas. Su teléfono es 58-212-206-8411.

Se dio a conocer que con solamente 14 meses de registrada en Venezuela, Derwick Associates consiguió firmar doce contratos con la Electricidad de Caracas (EDC), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para instalar una serie de plantas eléctricas sin tener la experticia ni el capital para acometer los trabajos encomendados.

También indican que la compañía firmó otro contrato para la instalación de una unidad generadora de la Electricidad de Caracas en Vargas en una fecha en la que ni siquiera se había registrado en Venezuela.

Allí, Batiz informó que entre los meses de marzo y diciembre de 2010 —periodo de vigencia de un decreto de emergencia eléctrica dictado por el entonces presidente, Hugo Chávez— Derwick fue beneficiada con cuatro contratos de la Electricidad de Caracas, cinco de Petróleos de Venezuela S.A. y uno de la Corporación Venezolana de Guayana y precisó que para la fecha de la publicación —agosto de 2011— cinco de los trabajos debieron haberse concluido, hecho que no ocurrió.

También reportan que no había prácticamente ninguna información sobre los costos de las obras, solamente lo que la página web del Ministerio de Energía Eléctrica indicaba de que la Planta Picure ascendió a USD 130 millones por 134 Mw y la de Guarenas a USD 211 millones para 156 Mw.

Del mismo modo, el reportaje refirió que Derwick subcontrató a la empresa estadounidense ProEnergy Services para que llevar a cabo los proyectos.

Se dio a conocer que además de la referida subcontratación, Derwick vendió equipos usados y reconstruidos como si fueran nuevos y con un gran sobreprecio.

Añadió que se manejó información privilegiada desde mucho antes de producirse la contratación y de que entrara en vigencia el decreto de emergencia eléctrica, lo cual facilitó la adjudicación directa del contrato, los referidos sobreprecios y la venta de equipos de segunda y tercera mano como si fueran nuevos por parte de la empresa.

Lavado de dinero a través de Pdvsa

Francisco Convit Guruceaga figura entre los empresarios y funcionarios del gobierno venezolano , entre otros implicados, imputados el 23 de julio de 2018 por el gobierno de los Estados Unidos, por, supuestamente, “enriquecerse al beneficiarse del enorme diferencial que existe entre la tasa de cambio oficial y la del mercado negro, lo cual les permitió amasar fortunas que la fiscalía estadounidense estima en miles de millones de dólares”,

La acusación expone la existencia de una red de lavado de dinero integrada por actores venezolanos miembros de la élite y financistas internacionales que operaron para extraer miles de millones de dólares de Petróleos de Venezuela S.A. en una cantidad que se estima en USD 1.200 millones, sustraídos entre 2014 y 2015, y que procuraron blanquear en el sistema bancario de Estados Unidos y Europa.

El caso 18-MJ-03119-Torres (Estados Unidos vs. Francisco Convit Guruceaga y otros) cursa en la Corte del Distrito Sur de la Florida y en él se señala que Convit y sus socios en la conspiración actuaron como lavadores profesionales de dinero a terceros.

Además, figuran como demandados, un ciudadano alemán arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami, Matthias Krull, quien posee residencia legal panameña y es banquero en Suiza.

También, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, un colombo-estadounidense arrestado en Italia el 25 de julio de 2018, acusado de usar sus empresas financieras con sede en Miami, Global Security Advisors y Global Strategic Investments, para lavar dinero a través de inversiones falsas en fondos mutuales.

Igualmente se imputó a los exfuncionarios Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de PDVSA y al abogado, Carmelo Urdaneta, ex asesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela.

Esta investigación tomó dos años, a saber entre 2014 y 2016, periodo en el cual el Ministerio de Petróleo e Hidrocarburos contó con tres ministros: Rafael Ramírez (2013-2014); Asdrúbal Chávez (2014-2015) y Eulogio del Pino (2015-2016). También fue acusado el banquero uruguayo, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara.

Conocida como la «Operación Fuga de Dinero», la trama “devela la existencia de una conspiración internacional para lavar fondos de PDVSA a través de Miami y de varias organizaciones internacionales de lavado de dinero, dicen los documentos del tribunal. ‘Específicamente, las investigaciones revelaron el uso de propiedades inmobiliarias de Miami y esquemas sofisticados de inversiones falsas para lavar cientos de millones de dólares estadounidenses’.

La reseña indica que en la demanda se señala que los acusados trataron de hacer uso de un empresario identificado en los documentos como Fuente Confidencial (CS, en inglés) para que les ayudara a lavar una porción de los fondos malversados en el esquema de corrupción.

Este —dice la demanda— sostuvo un encuentro en las oficinas de Francisco Convit en Caracas cuando el ahora informante del gobierno estadounidense diera a conocer a los acusados que no podía continuar operando en esas circunstancias.

Se agrega que Francisco Convit, otros implicados y el informante, discutieron los pormenores de las operaciones, y destaca que Convit tenía una pistola en la mesa y que había llevado al lugar un pastor alemán con un collar eléctrico. «Convit tenía el control remoto del collar y comentó que él no siempre podía controlar al perro”.

El 19 de agosto de 2018 se informó que la Corte del Distrito Sur de la Florida dio a conocer nuevos documentos que revelaban “que los acusados habían adquirido más de 13 propiedades inmobiliarias en Miami, 11 en ciudad de Panamá, además de haber hecho inversiones millonarias en bonos y otros instrumentos financieros en Suiza, Inglaterra y Las Bahamas.

Los bienes fueron incautados por las autoridades federales de los Estados Unidos”. Se trataba de Francisco Convit Guruceaga, Carmelo Urdaneta Aqui, Abraham Eduardo Ortega, José Vicente Amparan Croquer, Hugo Andrés Ramalho Gois, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara y Mario Bonilla Valera.

El banquero suizo que participó en la trama, Matthias Krull, se declaró culpable y colaboró con la justicia estadounidense a la que identificó a Francisco Convit como uno de sus clientes, así como a tres conspiradores no especificados.

Las diligencias de la fiscalía permitieron confiscar otras tres propiedades que fueron presuntamente adquiridas con dinero proveniente del esquema de corrupción encabezado por Francisco Convit Guruceaga y otros asociados. Una de las costosas propiedades pertenecería a unos supuestos testaferros de los tres hijos de Cilia Flores.

En septiembre de 2018, la jueza, Kathleen M. Williams, declaró como fugitivos de la justicia de los Estados Unidos a los acusados de esta trama de lavado de dinero en el sistema financiero norteamericano y europeo. Estos fueron, Francisco Convit Guruceaga, José Vincente Amparan Croquer (alias “Chente”), Carmelo Urdaneta Aqui, Mario Enrique Bonilla Vallera, Abraham Eduardo Ortega y Hugo Andre Ramalho Gois y Marcelo Federico Gutierrez Acosta y Lara, quienes pasaron al estatus de fugitivos porque no se presentaron a las instancias de la justicia en el tiempo establecido.

En diciembre de 2018, el tribunal ordenó nuevas confiscaciones de lujosas propiedades en Panamá, Miami, así como de cuentas bancarias y portafolios de inversiones en bancos suizos y norteamericanos.

Por su participación en estos y otros delitos el 31 de octubre de 2018, el exdirector ejecutivo de PDVSA, Abraham Edgardo Ortega, se declaró culpable de haber participado en el esquema de internacional de lavado de dinero y por la cual este hombre había sido detenido el 11 de septiembre.

Ortega admitió —reza la nota— haber aceptado USD 5 millones en sobornos a cambio de otorgar préstamos prioritarios a una empresa francesa y a un banco ruso que eran accionistas minoritarios en empresas mixtas con PDVSA.

También reconoció haber recibido USD 12 millones en sobornos por su participación en un plan de malversación a la estatal, que incluía préstamos y contratos en divisas extranjeras.

La corte del Distrito Sur de la Florida detalló que Ortega recibió pagos a través de este esquema de sobornos y se benefició del control cambiario implementado en Venezuela desde el año 2003 al tiempo que especificó USD 1.200 millones fueron malversados valiéndose de la estatal petrolera

Otras demandas en su contra

Pero esta no ha sido la única demanda en su contra, pues junto a sus socios en Derwick, Leopoldo Alejandro Betancourt López, Pedro Trebbau, Edgar Romero-Lazo, Domingo Guzmán-López y Francisco D’Agostino Casado, fue acusado por el presidente de Human Rights Foundation, Thor Halvorssen Mendoza, durante una audiencia en la Comisión Judicial del Senado de los Estados Unidos denominada «Supervisión de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y la Tentativas de Influir en las Elecciones Estadounidenses: Lecciones Aprendidas de las Administraciones presentes y anteriores», en la que dijo que la firma Fusion GPS habría sido contratada por Derwick Associates para eludir el escándalo de corrupción en el que está envuelta la compañía venezolana.

Halvorssen solicitó formalmente que se investigaran las supuestas actividades criminales de las empresas Derwick Associates y Fusion GPS a las que acusó de “pagar a varios periodistas para publicar pruebas infundadas contra las personas que se atrevieron a difundir información sobre las supuestas actividades delictivas cometidas por Derwick Associates”.

Halvorssen dijo que los directores de la empresa venezolana “tienen casas en los Estados Unidos, lavaron la mayor parte de los fondos robados al tesoro venezolano través del banco J.P. Morgan, y pagaron la mayoría de los sobornos por medio de la Banca Privada d’Andorra, donde establecieron cuentas para cancelar las coimas a los funcionarios del gobierno venezolano en el gabinete de Chávez».

El 10 de mayo de 2018, Thor Halvorssen volvió a demandar por daños y perjuicios en la Corte del Distrito Este de Nueva York a los propietarios de Derwick Associates, así como también a los estadounidenses Glenn R. Simpson y Peter Fritsch, a quienes señaló de supuestamente conspirar para perjudicarlo por informar sobre los delitos de corrupción y lavado de dinero supuestamente por ellos cometidos.

Los acusados, según el demandante, procuraban que no pudiera seguir ejerciendo como presidente de Human Rights Foundation y para ello habrían diseñado una campaña señalándolo como un pedófilo, adicto a la heroína y malversador del dinero de la Fundación Human Rights.

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