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Aguas turbulentas en la Asamblea Nacional de Venezuela. La única institución reconocida internacionalmente ha entrado en una vorágine de acusaciones, desconfianzas y ataques intestinos que han puesto en jaque no solo a la oposición venezolana sino al propio Juan Guaidó, quien la preside y por tanto es legitimado por más de 50 países como la cabeza de un gobierno interino en respuesta a la “usurpación” que hace Nicolás Maduro del poder Ejecutivo.

El domingo 1 de diciembre, un reportaje del portal de periodismo de investigación Armando.info reveló que ocho diputados opositores, integrantes de la Comisión de Contraloría, firmaron una “carta de buena conducta” para el empresario Carlos Lizcano, propietario de la empresa Salva Foods 2015, señalada de haber negociado con el gobierno nacional la red de Tiendas CLAP, mismo nombre del programa gubernamental de entrega de alimentos subsidiados que comenzó Maduro en 2016. Se trataría de la acción de un grupo parlamentario informal coordinado por el asambleísta Luis Parra, integrante de la Comisión de Ambiente —donde reposa una denuncia contra Lizcano por presuntos negocios mineros ilícitos.

Las comunicaciones fueron entregadas a la Fiscalía General de Colombia y enviadas por vía postal al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde la empresa es investigada como parte de las averiguaciones y sanciones que se han determinado contra los empresarios Álex Saab y Álvaro Pulido, los hombres que están detrás del negocio de los CLAP.

Develado el asunto, Juan Guaidó anunció que los diputados señalados, integrantes de tres de los cuatro partidos principales de la alianza opositora, serían separados de sus responsabilidades en las comisiones e investigados a fondo. El presidente del parlamento dijo que se trata de «hechos de corrupción que involucran a varios miembros de la dictadura, algunas decepcionantes individualidades del parlamento y claros intereses internacionales que financian este burdo plan».

Se refirió a la “Operación Maletín Verde” con la cual, según asomó, se busca comprar conciencias de diputados opositores para poner en jaque su reelección frente al parlamento que debe ocurrir en el 5 de enero de 2020. El 6 de noviembre pasado, el diputado José Guerra, quien se mantiene fuera del país al ser un perseguido judicial de Maduro, denunció que “un grupo de operadores financieros del régimen con maletines llenos de dólares para tratar de comprar nuestros diputados y que perdamos la mayoría calificada. Entre esos operadores están un traficante de bolsas CLAP y un exgobernador”. Nunca dio esos nombres, pero es sabido que “detrás de los CLAP” están Álex Saab y Álvaro Pulido, los jefes de Carlos Lizcano, con quienes algunos diputados habrían acordado favores, según Armando.info.

Según Guaidó, Álex Saab y Raúl Gorrín —otro empresario venezolano, dueño de Globovisión y sancionado por Estados Unidos por negocios con el chavismo— han captado a algunos de los diputados señalados en la trama “para impedir mi ratificación como presidente del Parlamento y por ende presidente encargado de Venezuela, el próximo 5 de enero”.

El lunes 2 de diciembre y en nombre del partido Voluntad Popular, Yon Goicoechea ha condenado a los tres parlamentarios de sus filas involucrados en el escándalo —como también hizo la tolda Primero Justicia con los suyos— y afirmó que ya tienen un caso confirmado de un diputado que habría aceptado dinero, en dólares estadounidenses, para votar en contra de Guaidó el próximo 5 de enero.  “La oferta es muy inteligente, no les piden a estos diputados corruptos que voten por el chavismo. Tenemos un caso confirmado, para que vote por otro candidato que se haga pasar por la oposición”, explicó.

Goicoechea no quiso decir nombre y afirmó que será en el seno de la Asamblea Nacional donde se develen, “en su momento”.

Mientras llega ese momento, al menos hay unos nombres que están salpicados con el caso de la «limpieza de reputaciones» que denunció Armando.info en su investigación; varios de ellos aparecen firmando documentos desde 2018 que exoneran a Saab.

Luis Parra

Luis Eduardo Parra Rivero nació en el municipio Independencia, estado Yaracuy, localidad desde donde ha desarrollado su carrera políticas en el partido Primero Justicia. En 2005, fue electo concejal suplente del municipio que le vio crecer. Ocho años más tarde, se postuló a la alcaldía de dicha entidad, donde alcanzó un total de 10.532 votos (43,49%); sin embargo, no fueron suficientes y perdió contra José Mujica, quien lo superó con 12.533 sufragios (51,75%).

En 2015 se unió una vez más a la carrera electoral, pero esta vez por un curul en la Asamblea Nacional, con la tarjeta de la Unidad. En dichos comicios, fue electo diputado de la Mesa de la Unidad Democrática por el circuito 2 del estado Yaracuy para el periodo 2016-2021. Desde entonces, Parra ha sido integrante de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, delegación que preside desde 2018.

En junio de 2017, el parlamentario aseguró que “los venezolanos no queremos ni nos anotamos en una Constituyente fraudulenta que lo que persigue es someter aún más al pueblo venezolano”. De igual forma en agosto del mismo año aseveró en su cuenta de Twitter que traición era “dejarle a un gobierno corrupto y violador de Derechos Humanos todas las instancias de poder en el país”. Ese año, se postuló como candidato a la gobernación de Yaracuy por la Mesa de la Unidad, elección que también perdió frente al candidato del PSUV Julio León Heredia, quien obtuvo 186.401 votos (62.13%).

Ante la investigación difundida por el portal Armando.info que lo vincula como el principal parlamentario en realizar gestiones en pro de Carlos Lizcano, presidente de la compañía Salva Foods 2015 -con quien incluso se habría reunido en varias oportunidades, aunque lo negó-, el diputado condenó la publicación y aseguró en su cuenta de Twitter que “existe un laboratorio de guerra sucia montado contra nosotros y algunos colegas diputados del Parlamento venezolano, por una red de extorsionadores, entre ellos el supuesto periodista Roberto Deniz y el portal Armando.info”.

Conrado Pérez Linares

Aunque es médico veterinario de profesión, Conrado Pérez se ha involucrado con la política venezolana desde su tierra natal, Trujillo, donde es coordinador municipal del partido Primero Justicia. Fue allí donde resultó electo diputado de la Asamblea Nacional por la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para el período 2016-2021. En 2018 se volvió el vicepresidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento, la única instancia anticorrupción en Venezuela que no está en manos del chavismo. Sobre él, el diputado Freddy Superlano en exilio autoimpuesto. Desde que se fue, Pérez ha fungido en la práctica como jefe de la instancia parlamentaria.

Conrado Pérez fue uno de los diputados que se presentó ante la justicia española en mayo de 2019 para denunciar a empresarios y políticos relacionados con el chavismo por el supuesto blanqueo de dinero venezolano, como relatan las pesquisas de Armando.info.

En una entrevista reseñada por el Diario de Los Andes en octubre acusó a empresarios «y opositores» de ser cómplices de la corrupción chavista. «Cuando se tocan intereses de corruptos, salen a relucir descalificaciones», aseguró luego de que Humberto Araujo señalara presuntas extorsiones contra empresarios venezolanos desde la Comisión de Contraloría. Agregó que «nosotros no podemos extorsionar porque no podemos meter preso a nadie».

José Brito

Administrador de empresas egresado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Unesr). Diputado principal de la Asamblea Nacional por el estado Anzoátegui, electo en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015 por el partido Primero Justicia y con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para el período 2016-2021.

Antes, entre 2005 y 2008, fue concejal del municipio El Tigre, en Anzoátegui, y en 2013 se lanzó como candidato para la alcaldía del municipio Simón Rodríguez, pero perdió las elecciones contra Jesús Figuera. Como diputado del Parlamento, ha formado parte de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo y fue vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Exterior.

Junto a otros seis diputados, visitó la Fiscalía General del Estado en España en mayo de 2019 para denunciar a Rafael Ramírez, Raúl Gorrín, Claudia Díaz, Gustavo Perdomo y Alejandro Betancourt por “blanqueo milmillonario”, obteniendo capitales por medio de delitos de corrupción. Los acusaron de delincuentes y de robarse “el dinero de los venezolanos”.

El nombre de José Brito fue mencionado en la investigación periodística de Armando.info, que lo implica en una trama de corrupción en la que varios parlamentarios opositores se prestaron para otorgar indulgencias a los implicados en los negocios de los CLAP. En el reportaje se explica que Brito, acompañado por Adolfo Superlano, acudió a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, Colombia, el pasado 9 de octubre para hacer entrega de una carta que exime a Carlos Lizcano y a Salva Foods (compañía que maneja Tiendas CLAP) de cualquier irregularidad o relación con Alex Saab.

Adolfo Superlano

La vida política de Adolfo Superlano inició desde su juventud en la izquierda venezolana, tiempo en el que militó en las filas del MAS como dirigente estudiantil en Barinas, su cuna. Fue presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia. Entre 1996 y 2000 fue alcalde del municipio Bolívar, en su entidad natal.

En el año 2013, Superlano se postuló como candidato a la alcaldía del municipio Bolívar nuevamente, pero esta vez perdió contra Luis Henriquez, quien obtuvo el 54.77% de los votos. Más tarde, en 2015, fue electo diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática en el circuito 1 del estado Barinas para el periodo 2016-2021;

Superlano militó en el partido Un Nuevo Tiempo /UNT) hasta el 11 de abril de 2018, fecha en la que el activista Leocenis García anunció su adhesión a Prociudadanos, una plataforma naciente. Luego abandonó esa formación y se sumó en 2019 a Cambiemos, la tolda que inició Timoteo Zambrano al abandonar las filas de la oposición tradicional venezolana.

Siendo militante de Cambiemos, y según la investigación periodística de Armando.info, Superlano -en compañía de José Brito- acudió a “a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, Colombia, para hacer entrega de una carta que exime al propio Carlos Lizcano y a Salva Foods de cualquier irregularidad o relación alguna con Alex Saab”. Ocurrió el 9 de octubre de 2019.

Richard Arteaga

Richard Eloy Arteaga Blakma nació el 27 de junio de 1974 en Barcelona, estado Anzoátegui, y egresó de la Universidad Santa María como abogado especialista en Derecho Laboral. Sus primeros pasos en la política los dio de la mano de Primero Justicia, partido con el que asumió las elecciones en 2011 para optar por un curul en la Asamblea Nacional. Durante su gestión, integró la Comisión Permanente de Contraloría y la sub comisión Nº 3 dedicada al control del gasto público e inversiones del Ejecutivo Municipal.

En 2015 fue reelecto para el periodo 2016-2021 de la Asamblea Nacional. Su candidatura estuvo adscrita al circuito 3 —Bolívar, Píritu y Peñalver—del estado Anzoátegui, y obtuvo por la vía nominal 137 mil 65 votos, según el segundo boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE). Tras la reelección, mantuvo su puesto dentro de la Comisión Permanente de Contraloría.

Luego de las protestas de 2017 y el “triunfo” de las elecciones de la Asamblea Constituyente, Arteaga aseguró que el país está “ante un escenario de nuevos retos hacía la conquista de la Venezuela de cambio y progreso”. En octubre de 2018, Richard Arteaga abandonó su militancia en Primero Justicia y se unió a las filas de Voluntad Popular. Fue recibido en el acto de juramentación por el propio Juan Guaidó.

Chaim Bucarán

Abogado egresado de la Universidad Santa María, profesión que ejerce de forma independiente, es diputado de la Asamblea Nacional desde 2015 cuando fue electo por la tarjeta de la MUD para el período 2016-2021. Fue candidato por el circuito 2 del estado Anzoátegui, entidad en la que encabezó la estructura del partido Un Nuevo Tiempo, hasta abril de 2018.

En el parlamento integró la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario en 2016, la el Poder Popular y Medios de Comunicación en 2017 y en 2018, hasta su reciente destitución, formó parte de la Comisión Permanente de Contraloría.

Un día antes de la publicación del reportaje de investigación de Armando.info, publicó en su cuenta de Twitter que como miembro de la comisión parlamentaria rechazaba «todo acto de corrupción. «Es por eso que estoy dispuesto a ser sometido a las investigaciones necesarias para esclarecer tan penoso hecho en el cual se me ha involucrado».

Puso su cargo a la orden del Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y exigió que se abrieran las investigaciones para «aclarar todo el malentendido desatado por Raúl Gorrín, Rafael Ramírez y #ArmandoInfo», esribió en la red social aún cuando el trabajo periodístico no había sido publicado. Señaló que existe una campaña de desprestigio contra los miembros de la instancia parlamentaria.

Guillermo Luces

Diputado suplente de la Asamblea Nacional por el estado Aragua, miembro de la Comisión Permanente de Contraloría, es militante del partido Voluntad Popular. Su firma está estampada en el documento que Armando.info califica como «carta de buena conducta» emitida a favor del empresario Carlos Lizcano, propietario de Salva Foods y relacionado de Álex Saab, que fue presentada en Colombia en octubre de este año, según el reportaje.

El diputado negó los señalamientos en su contra, tildándolos de una falsificación. «Rechazo categóricamente el burdo montaje de mi firma en carta de exoneración de Comisión de Contraloría de la AN. Y apoyo de manera irrestricta la cruzada anticorrupción de nuestro presidente Juan Guaidó”, escribió en Twitter.

A pesar de su declaración, fue removido por el partido Voluntad Popular del cargo que tenía en la Asamblea Nacional, y fue anunciada una averiguación para dar a fondo con las razones de su participación en la trama. Su partido político ha denunciado que en el parlamento se desarrolla una «Operación Alacrán» con el que dineros relacionados al gobierno de Nicolás Maduro buscan comprar a opositores para evitar la reelección de Juan Guaidó en la presidencia del Legislativo el 5 de enero de 2020.

Héctor Vargas

Diputado suplente de la Asamblea Nacional Electoral por el estado Zulia, electo en diciembre de 2015. Cuando fue electo, formaba parte del partido Avanzada Progresista, aunque resultó con una curul gracias a la tarjeta de la Unidad.

En 2019, renunció al partido fundado por Henri Falcón y se inscribió en Un Nuevo Tiempo, aunque su cuenta en Twitter lo sigue identificando como Coordinador Regional de AP en Zulia. «Se fue hace rato sin dar explicacion, pero ya con las noticias del entramado de corrupción del G4 comprendemos la razones de su ida a UNT», disparó en la red social Juan Carlos Gómez, secretario de organización de Avanzada en el estado Falcón.

Vargas es miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y es uno de los nueve parlamentarios presuntamente vinculados a Alex Saab y Carlos Lizcano, según la investigación del portal Armando.info. Su firma  está en la carta que habría sido llevada a la Fiscalía colombiana.

William Barrientos

Oriundo del estado Zulia, William Barrientos es médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia (LUZ). Sus inicios en la política regional y nacional estuvieron acompañados por el MAS, partido con el que presidió la Federación de Centros Universitarios de LUZ. Eso fue hace décadas.

En el año 2000 se unió al equipo del entonces joven partido político regional Un Nuevo Tiempo, que fundó quien encabezaba la Alcaldía de Maracaibo, Manuel Rosales. Barrientos también ocupó la dirección del Hospital Binacional de Paragoaipoa del Zulia, del Hospital General del Sur del Zulia y del Hospital del Moján del Zulia.

Hasta 2011, Barrientos fue diputado regional del Consejo Legislativo de Zulia, donde llegó a ocupar la vicepresidencia y la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, durante tres períodos consecutivos. Desde 2011 hasta 2015 fue diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia, y ese año fue reelecto con la tarjeta de la Unidad para el periodo 2016-2021.

Formó parte de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral y desde febrero de 2019 se incorporó a la Comisión de Contraloría, “porque faltaba un miembro y debuté con la denuncia del saqueo de más de dos mil millones de dólares del señor (Álex) Saab, empresario colombiano que lavaba el dinero en el Banco Central de Venezuela con dólares preferenciales”.

José Luis Pirela

Es columnista del diario El Regional del Zulia fue dirigente político del partido Movimiento Progresista de Venezuela. En 2004, Pirela solicitó ante instancias judiciales una investigación contra Manuel Rosales, fundador de Un Nuevo Tiempo, por presunta corrupción que terminó siendo la razón para inhabilitar al exgobernador del Zulia durante varios años. Luego, Pirela desestimó sus propias acusaciones.

En el año 2015, el zuliano obtuvo una curul como diputado principal de la Asamblea Nacional por la circunscripción 9 del estado Zulia para el periodo 2016-2021. Integró en 2016 y 2017 la Comisión Permanente de Política Interior, y desde entonces integra la Subcomisión Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada del parlamento.

En 2019, Pirela es integrante de la Fracción 16 de Julio, disidente de la oposición mayoritaria y cercana al partido Vente Venezuela de María Corina Machado.

Su nombre aparece en el trabajo que habla sobre una trama para «lavarle la cara» a personas relacionadas con Álex Saab, aunque especifica que no estaría incurso ni en los documentos comprometedores ni en los viajes a Colombia. Sí participó de un periplo a Europa para denunciar a Rafael Ramírez ante instancias penales de Roma y Madrid, junto a otros diputados señalados del acercamiento con Saab.

Freddy Superlano

El barinés Freddy Superlano Salinas nació el 25 de junio de 1976 en la capital de ese estado llanero. Su vínculo con la política comenzó desde muy joven, pues sus padres fueron activistas del partido Acción Democrática, tolda en la que dio los primeros pasos él también como secretario juvenil. En aquellos días, también dedicaba su tiempo a los estudios superiores y se graduó como Ingeniero en Sistemas y licenciado en Educación, mención Geografía e Historia.

En 2004, con 28 años, se separó de la política, pero la ausencia duró poco. Tres años después, Superlano se unió a la asociación civil Redes Ciudadanas, donde conoció a Leopoldo López y, tras conseguir afinidad en la política, se unió a las filas de Voluntad Popular cuando el partido nació en 2009; desde entonces se desempeñó como coordinador regional del partido VP en el estado Barinas.

En 2015 Superlano fue electo diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela para el periodo 2016-2021. Durante el primer año de gestión, el parlamentario integró en la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, y en 2017 la Comisión Permanente Cultura y Recreación.

En 2018, fue elegido en plenaria como presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, cargo al que renunció finalmente en el 30 de noviembre de 2019 en medio de acusaciones de irregularidades en el «caso Cúcuta» con dineros de la ayuda humanitaria, y justo antes de que se publicara un reportaje de Armando.info en el que se devela que integrantes de esa instancia generaron documentos en favor de Carlos Lizano, propietario de Salva Foods 2015 y relacionado con los empresarios consentidos del chavismo Álex Saab y Alvaro Pulido. Su firma no está incluida en los papeles presentados como prueba.

A todas estas… ¿hay vínculo entre Álex Saab, Carlos Lizcano y Salva Foods?

En el ojo del huracán político en Venezuela está Álex Saab, señalado como uno de los empresarios chavistas interesados en “comprar” voluntades en la oposición, y la empresa Salva Foods 2015, propiedad de Carlos Lizcano, según documentos legales.

Salva Foods 2015 es la dueña de las Tiendas CLAP, un negocio de supermercados que heredó toda una red pública de locales del Estado que se llamaron Abastos Bicentenario para operar. La compañía se creó apenas meses antes de que Nicolás Maduro anunciara su intención de privatizar esos comercios, y listó locales estatales entre los lugares donde instalaría Tiendas CLAP incluso antes de que fuesen publicados los decretos de licitación por parte del Gobierno nacional en 2017, denotando tener información privilegiada al respecto.

Lea completo https://elestimulo.com/climax/quien-es-quien-en-la-trama-corrupta-que-involucra-a-diputados/

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