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Fernando Fernandez
Frente Libertario

Mientras el presidente de Estados Unidos Donald Trump, sanciona a los ladrones encargados de adquirir los productos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) y a los testaferros del dictador y usurpador Nicolás Maduro, Julio Borges, Canciller del presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó y su fracción parlamentaria en la Asamblea Nacional, ocultaron las pruebas del sobreprecio de los alimentos que se compraron en el exterior y que se incluyeron en las cajas de los Clap y luego fueron distribuidas a la población venezolana.

Los diputados de Primero Justicia y Voluntad Popular también ocultaron los exámenes bioquímicos elaborados a cada producto que indicaban que los alimentos de las cajas Clap no eran aptos para el consumo humano.

En este defalco a la nación se habla de más de 3 mil millones de dólares, de los cuales Julio Borges y Leopoldo López recibieron 7 millones de dólares, dinero con el que autocensuraron y escondieron el expediente de la investigación que adelantaba la sub comisión especial de investigación de la AN delegada para investigar el caso del empresario Alex Naim Saab.

Con los dólares de la trama corrupta contra la nación, los diputados implicados Richard Eloy Arteaga, Adolfo Ramón Superlano, Conrado Pérez y Freddy Superlano, compraron propiedades, carros nuevos y zapatos de 500$, mientras que otros parlamentarios honestos y leales al presidente Guaidó piden recursos prestados para movilizarse desde sus estados para asistir a las diferentes secciones de la AN en Caracas.

Toda esta corruptela aparte de beneficiar a Julio Borges, Leopoldo López y a los diputados, también fortaleció a Carlos Rolando Lizcano Manrique, empresario colombiano, nacido en Cúcuta, provincia de Norte de Santander, y con vínculos de negocio con los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido a través del holding Group Grand Limited.

La denuncia de la corrupción de los Clap y contra el empresario Alex Saab la hizo la Fiscal Luisa Ortega Díaz el 26 de febrero de 2018 en la ciudad de Bogotá, en la que enfatizó que Alex Naim Saab era el dueño de las empresas ASASI FOOD FZE y GROUP GRAND LIMITED que recibieron dinero del Estado venezolano para comprar alimentos que no se entregaron y que el ciudadano en cuestión fungía como testaferro del régimen de Nicolás Maduro.

Esa denuncia fue objetada a través de una carta de fecha 01 de agosto de 2018 dirigida a la Fiscal por los diputados Conrado Pérez y Richard Eloy Arteaga, en la que aseguraron que Alex Saab no era testaferro de Maduro, no era accionista, ni director de las empresas ASASI FOOD FZE y GROUP GRAND LIMITED.

Carlos Liscano es el principal testaferro de Alex Saab y fue el encargado de convertir la Comisión Permanente de Contraloría y la sub comisión especial de investigación de la Asamblea Nacional en un bufete privado, en el que se pagó al presidente de la comisión, diputado Conrado Pérez la cantidad de 500 mil euros en efectivo que sirvieron para pagar a varios diputados la cantidad de 10 mil euros mensuales.

El parlamentario Conrado Pérez fue el encargado por orden directa de Julio Borges y Leopoldo López de ocultar y desaparecer todas las pruebas de la corrupción de los Clap, cuentas bancarias, exámenes de laboratorio, contratos de Corpovex y otras denuncias que fueron realizadas en varias ocasiones por la Fiscal Luisa Ortega Díaz contra Alex Saab.

El diputado Adolfo Superlano se encargó de realizar varios informes que eximían de cualquier acto de corrupción a Carlos Lizcano y Alex Saab. Esta acción fue reforzada con varios viajes que realizaron los diputados hacia Bulgaria, Suiza, Portugal e Italia en los que le solicitaron a reconocidas entidades bancarias la liberación inmediata del dinero bloqueado de ambos empresarios.

La comisión designada para la investigación de la corrupción de los Clap, elaboró un informe dirigido a la OFAC, Departamento del Tesoro certificando que el empresario colombiano, Carlos Lizcano no tenía ninguna investigación vigente en la comisión, cuestión que demuestra su traición a la lucha opositora y su afinidad con la dictadura madurista.

La Comisión de Contraloría desde que fue dirigida por el padre del diputado Conrado Pérez ocultaba pruebas de la corruptela del expresidente Hugo Chávez y ahora su hijo a cambio de miles de dólares se encarga de hacerlo con su padrino Nicolás Maduro, porque al entregar cartas a organismos internacionales certificando que Saab y Lizcano no son corruptos, ni testaferros de Maduro, es cómplice de ese daño patrimonial que se le ocasionó a Venezuela.

“Es necesario que el presidente Juan Guaidó cuide su imagen y reputación y nombre una comisión que investigue a los diputados que se prestaron para esta corruptela y demuestren donde están las pruebas que contradicen las sanciones impuestas por el presidente Donald Trump hacia los corruptos que se beneficiaron con el hambre de los ciudadanos venezolanos”, dijo la fuente confidencial.

“Pedimos la destitución inmediata de estos diputados y solicitamos al gobierno de EEUU actuar de manera inmediata y sancionar a estos ladrones y corruptos que se burlaron del presidente Guaidó y estafaron la nación.

El peso de la ley internacional también debe recaer sobre el padre del diputado Conrado Pérez, quien es el enlace con el empresario Carlos Rolando Lizcano y actualmente vive en EEUU disfrutando del dinero ganado por la vía ilegal”, relató una fuente confidencial.

Hipocresía de Julio Borges 

El 2 de noviembre el Julio Borges, designado como comisionado para Asuntos Exteriores por el presidente Juan Guaidó, informó que pediría Estados Unidos que amplíe las sanciones contra los gobernadores y alcaldes que apoyen al Gobierno de Nicolás Maduro, así como a sus testaferros. ¿Acaso él y los diputados corruptos están en esa lista?

http://aserne.blogspot.com/2019/12/corrupcion-de-los-clap-vinculados.html

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