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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos intervino el 24 de octubre pasado para evitar que Venezuela perdiera el control de CITGO, al menos por tres meses más, modificando una licencia especial que permitía a los tenedores de una emisión de bonos de PDVSA embargar el 50.1 por ciento de las acciones de la refinadora si no recibían un pago de $913 millones.

Venezuela estaba condenada a perder posesión de CITGO si el Departamento del Tesoro no eliminaba o modificaba el contenido de su licencia Número 5, que exonera específicamente a los tenedores de la emisión PDVSA 2020 las restricciones que representan las sanciones impuestas por Washington contra el gobierno de Nicolás Maduro y la estatal Petróleos de Venezuela.

La emisión del PDVSA 2020 no es reconocida por la oposición a Maduro, encabezada por Juan Guaidó, al no haber sido aprobada por el parlamento venezolano.

No obstante, a juicio de algunos expertos, como el abogado Carlos Ramírez Lopez, la medida del Tesoro estadounidense no elimina el pago de la deuda, sino sólo lo aplaza. Ramírez ha cuestionado la posición de José Ignacio Hernández, procurador especial designado por Juan Guaidó, que meses antes había sugerido pagar los intereses a los tenedores del bono, aunque «bajo protesto», figura que en opinión de López, no es aplicable en el caso de la deuda del bono, que la Asamblea Nacional de Venezuela ha catalogado como inconstitucional. Entretanto algunos se preguntan qué sucederá después de los tres meses de prórroga dado por el Departamento del Tesoro estadounidense para la amortización de los intereses.


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