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El 50.1% de los activos de CITGO, la refinadora de crudo de Venezuela en los Estados Unidos, están comprometidos como garantías de la deuda del bono Pdvsa con vencimiento a 2020.

La empresa, que se encuentra en poder del grupo liderado por Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela, por los Estados Unidos y decenas de países, corría el riesgo de caer en manos de los acreedores si no se cancelaba un pago de 913 millones de dólares el 28 de octubre pasado.

No obstante el Departamento del Tesoro estadounidense emitió el 24 de octubre una licencia que prohíbe por tres meses las transacciones relacionadas con el bono de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 2020. Así la acción protege a CITGO de ser embargada por acreedores.

Una persona familiarizada con el tema ha dicho que «hay que insistir y comprender bien el interés del grupo más cercano a Juan Guaidó de mantener control financiero sobre CITGO y el bonos de PDVSA 2020». La misma fuente supone que miembros del equipo del líder opositor venezolano han buscado en la trastienda lograr un beneficio de los tenedores del bono, tenedores entre los que menciona a los asesores financieros y empresarios Danilo Diazgranados, Moris Beracha, David Osío, Alejandro Betancourt, Luis Oberto y otros, quienes afirma, forma parte de una oleada de figuras que han podido obtener inconmensurables ganancias mediante negocios con el gobierno chavista.

Mucho desacuerdo ha habido por parte de expertos venezolanos para con el pago de los intereses a los tenedores del bono PDVSA 2020, que algunos consideran ilegal por haber sido emitido por el gobierno de Nicolás Maduro sin la autorización de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Parte de las críticas han ido en contra del procurador especial designado por el líder político opositor Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, quien ha asegurado que el 24 de abril pasado la Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora,, acordó «bajo protesto» pagar los intereses del PDVSA 2020. No obstante, algunos en las redes han recordado que la figura del pago «bajo protesto» no existe en el ordenamiento jurídico venezolano y que en la ley de los Estados Unidos se aplica en Casos de bancarrota o quiebra, pero que solo funciona como un dispositivo que permite al deudor organizar sus pagos bajo autorización de la Corte y jamás como una forma de pagar para después no pagar los bonos. Asimismo han preguntado si el gobierno interino de Juan Guaidó pagará unos bonos tildados de «ilícitos» y quiénes son los tenedores de los bonos, que según han afirmado «no se atreven a mencionar».

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