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Contra el comisionado Yadel Cruz, otros comisionados adscritos al Servicio Nacional de Migración de Panamá y a estamentos de seguridad panameños, el comisionado jubilado Javier Carrillo, los abogados panameños Vanessa March,  Manuel Mora Cornejo y Gilberto Ramos, entre otros, se ciernen sospechas de haber permitido o estar de alguna manera relacionados con el tráfico humano por Darién, durante el gobierno de Juan Carlos Varela, actividad que ha permitido el ingreso ilegal de más de 100 mil personas a Panamá.

Manuel Mora, Vanessa March, Eric Eduardo Estrada, Gilberto Ramos, Javier Carrillo

Y no son los únicos, ya que existen otros sospechosos, entre los que están incluidos funcionarios adscritos al despacho de la presidencia, como una hermana del abogado Ramos De Arco, además de altos cargos del SENAFRONT, a cargo Eric Eduardo Estrada, algunos de ellos implicados en la desactivación de sistemas de detección de narcotraficantes que circulan a pie por zonas fronterizas.

Darién es una zona que también ha sido utilizada para el tránsito de personas con prohibiciones de salida o problemas con la justicia en Panamá, por tener un punto de control migratorio que carece de conexión a la internet y actualizaciones en tiempo real. En el puesto migratorio de Darién la información de migrantes se actualizaría cada 15 días y solo a través de dispositivos de memoria externos.

La situación migratoria fronteriza y las mafias que operan en puestos de frontera son aprovechadas por organizaciones delictivas como el Clan del Golfo, ​ anteriormente conocido como Clan Úsuga.

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