Siete días después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio un ultimátum a la Fiscalía General para que le entregue información sobre los bienes de las Farc que están en su poder, el ente acusador le pidió a la Corte Constitucional que defina quién tiene la competencia sobre las propiedades incautadas a la exguerrilla.

La Fiscalía aseguró que no le puede entregar esa información a la JEP porque es reservada, y porque hace parte de las propiedades que están en procesos de extinción de dominio y que, según el ente acusador, no fueron entregadas por las Farc en el inventario que hicieron para reparar a las víctimas del conflicto armado.

Según el documento que la Fiscalía le envió a la Corte Constitucional, conocido por EL TIEMPO, “los bienes identificados por la Fiscalía General” escapan de la competencia de la JEP. 

La Fiscalía afirma que los bienes que las Farc no incluyeron en su inventario para la reparación –propiedades que serán administradas por la Sociedad de Activos Especiales y que deben ir a un Fondo de Víctimas–, son bienes que quedan bajo la tutela de la justicia ordinaria, es decir, de la Fiscalía.

“Los bienes que no fueron inventariados libérrimamente a más tardar el 15 de agosto del 2017, es decir, individualizados y discriminados en forma determinada y específica y, por supuesto, relacionados en un acta emanada de las Farc, quedan inobjetablemente afectos a los trámites que manda la legislación ordinaria respecto de cualquier bien o patrimonio de origen ilícito”, aseguró la Fiscalía en la comunicación que le envió a la Corte.

Para el ente acusador es claro que decretar el embargo y secuestro sobre cualquier propiedad que no fue inventariada por las Farc es una función exclusiva de la Fiscalía y no de la JEP.

Esto, porque las propiedades que están en la justicia ordinaria van para el Presupuesto General y no para el Fondo de Reparación de las Víctimas.

Los bienes que no fueron inventariados libérrimamente a más tardar el 15 de agosto del 2017, (…) quedan inobjetablemente afectos a los trámites que manda la legislación ordinaria

El Tiempo

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